En las últimas semanas, la narcocultura se ha tomado la agenda

mediática y, al parecer, los partidos políticos también. Gracias a un reportaje

televisivo, una comuna del sector sur de la capital, San Ramón, volvió a estar

en la palestra producto de supuestos vínculos del Partido Socialista (PS) con

el narcotráfico y el clientelismo, lo que ha producido una gran tensión en la colectividad

y en toda la política nacional.

Esta situación refleja la gran escalada del narcotráfico en los

diferentes ámbitos del país. Hemos sido testigos de cómo este concepto se está

vinculando fuertemente a la política, lo que, hasta hace algunos años, parecía

totalmente ajeno a nuestro sistema democrático. El narcotráfico es un flagelo

que afecta gravemente a la sociedad, y debe ser combatido con firmeza y

audacia, sin vacilaciones, y ejerciendo todo el poderío institucional para

castigar y prevenir estas conductas ilícitas.

Como actores políticos, no podemos permitir que la impunidad siga

siendo el mejor aliado del financiamiento al crimen organizado. Debemos avanzar

rápidamente en fortalecer las herramientas que permitan una investigación

prolija y en profundidad, para cortar de raíz la narcopolítica. De lo

contrario, dejaremos a nuestra sociedad a merced de políticos que les deben

favores a los narcotraficantes.

Es así como, junto a parlamentarios de diversos sectores políticos,

presentamos un proyecto de ley que busca reformar nuestra Constitución

Política, con el fin de equiparar el delito de narcotráfico al delito de

terrorismo. Las sanciones consisten en una inhabilidad por 15 años para ejercer

cargos públicos, sean o no de elección popular; para ser rector o director de

cualquier establecimiento educacional, sea escolar o universitario, así como

para ejercer cualquier función de enseñanza; para trabajar o adquirir medios de

comunicación; o para ser dirigentes de organizaciones políticas, sociales o gremiales.

Chile está viviendo una grave crisis institucional que tiene en tela de

juicio a entidades que debieran ser ejemplo de probidad: Carabineros, el

Ejército, y la iglesia con su encubrimiento a casos de abusos sexuales.

Requerimos con urgencia un cambio de actitud, promoviendo acciones que detengan

esta metástasis que, cual cáncer en su último estadio, deteriora a paso

acelerado los órganos sociopolíticos de nuestra sociedad.

Con esta iniciativa parlamentaria buscamos poner fin al vínculo entre

narcotraficantes y políticos de todos los estamentos, porque ha quedado de

manifiesto que esto no es un hecho aislado, sino que es un fenómeno que ha

alcanzado a altos niveles de nuestras instituciones de manera transversal, por

lo que vamos a perseguir y a sancionar duramente a quienes ensucien nuestro

sistema democrático y nuestros partidos políticos, elementos esenciales para la

representatividad y la legitimidad de nuestra democracia.

Cristóbal Urruticoechea,

diputado RN.