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Hace pocos días el Presidente Sebastián Piñera anunció que el 70% de los alumnos más vulnerables que estudian en Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) estudiarán con Gratuidad, medida que busca reconocer el valor de un sector de la educación superior que ya representa el 43% de la matrícula total en el sistema, y que por cierto, seguirá creciendo en la medida que exista el apoyo y los estímulos por parte de la autoridad.
Dicha tendencia no es casual, y viene a confirmar algo que señaló el académico e investigador del CEP Sergio Urzúa en 2012, en un estudio sobre la “Rentabilidad de la Educación Superior en Chile”; en donde, entre otras cosas, se advierte que la educación universitaria convencional no es el único vehículo de movilidad social, existiendo incluso el riesgo de retornos económicos negativos cuando se combina vulnerabilidad, instituciones de educación superior sin acreditación y carreras con escaso campo laboral debido a la saturación de sus egresados.
Cuatro años después de la publicación de ese estudio, la realidad es altamente preocupante. Mientras en julio-septiembre de 2013 los desocupados con título universitario sumaban 76.120 personas, actualmente superan los 122 mil, lo que representa un incremento de un 61% en cuatro ejercicios (INE).
En este escenario, la Educación Técnico-Profesional aparece como una opción real de movilidad social y progreso para miles de familias vulnerables, alternativa que reúne varias bondades, ya que permite al alumno egresar de cuarto medio con una especialización laboral, y en la gran mayoría de los casos, con una alta red de contactos en empresas que sirven de centros de práctica y mantención de servicios, empresas que emplean a los mismos alumnos posteriormente para hacer crecer sus negocios. Pero el círculo virtuoso no termina ahí. Muchos empleados que pasaron por las aulas y talleres de un liceo TP, después de varios años de trabajo en el sector productivo, vuelven a sus liceos para realizar docencia, incorporando así una visión fresca y actualizada del quehacer laboral y práctico propio de estos liceos. En la región del Biobío existen 129 liceos en esta modalidad, ofreciendo decenas de programas y especialidades, lo que permite a los alumnos calificarse en oficios y labores altamente especializadas, otorgando oportunidades de progreso a miles de familias que buscan un espacio para que sus hijos e hijas se desarrollen.
El desafío ahora es apoyar con mayor decisión a los sostenedores, familias y alumnos que eligen esta opción, lo que implica fortalecer los vínculos con el sector productivo y con la educación superior (IP-CFT). Ni el reciente anuncio del Presidente Piñera ni las futuras medidas que existan para apoyar el mundo técnico-profesional constituyen un fin en sí mismo. El objetivo es visibilizar un sector que tiene todo el potencial para inyectar dinamismo y energía a nuestro sistema laboral; lo que, de ocurrir, facilitaría enormemente la tarea autoimpuesta de convertir a Chile en un país desarrollado.
Fernando Peña Rivera
SEREMI Educación Biobío
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