“Diversas áreas de la vida social, como la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la previsión y el trabajo, por compromisos postergados o no cumplidos, hacen perder la fe y debilitan la confianza que se tiene en quienes deben ser los depositarios, guardianes y promotores de la fe pública”.

Si existe algo en la vida privada y pública de una sociedad como la nuestra, que se tambalea y que pierde credibilidad cada día, es la fe, pero no solamente la fe en el ámbito de las creencias y convencimientos personales; la fe entre personas, en las intenciones de los otros, sino que, especialmente, se ha perdido la fe en los acciones - y en las personas- que tienen impacto en lo público por decisiones de quienes, por la autoridad que representan, se estima deben ser creídos por constituir los pilares éticos de una sociedad sana, justa y con principios democráticos, donde lo que se acepta, se acuerda y se compromete se cumple, más aún cuando la palabra empeñada está respalda en una ley de la república aprobada de acuerdo a las reglas democráticas que nos rigen. Si las disposiciones legales que se aprueban no se cumplen, más cuando generan en los usuarios esperanzas de equidad y justicia, con el argumento de no contar con los recursos necesarios, se tiene que asumir la responsabilidad por una decisión que no consideró todos los factores - el tiempo, los recursos, el escenario político y los intereses en juego- que inciden en la materialización de políticas públicas que favorecen a quienes más lo requieren y que por ser consensuadas por los distintos sectores, se les supone viables y serias. Así, diversas áreas de la vida social, como la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la previsión y el trabajo, por compromisos postergados o no cumplidos, hacen perder la fe y debilitan la confianza que se tiene en quienes deben ser los depositarios, guardianes y promotores de la fe pública.

Fe pública sostenida por la certeza que se cumplirá lo ofrecido por quienes tienen la autoridad para hacerlo y que por tener la fe pública un carácter jurídico que le otorga una solvencia que "nos obliga a estimar como auténticos o indiscutibles los hechos y actos sometidos a su amparo, creamos o no en ellos".

La fe pública encierra el concepto de integridad y es guardadora de los principios morales cuya práctica resulta esencial para recobrar la confianza, fortalecer la justicia y alcanzar la paz social.

Los hechos ocurridos, que debilitan la fe pública e involucran a diferentes personas comprometiendo el prestigio de instituciones consideradas el baluarte de la ley, la justicia y depositarías de los valores más apreciados de una sociedad han hecho que los ciudadanos hayan ido sumando desconfianzas, inseguridad y temores. Nadie duda que la fe pública está siendo dañada por las actitudes de quienes aspiran a un cargo público y que, en una batalla de descalificaciones, están convencidos que los medios- cualesquiera que sean-justifican sus fines.

Más, aún en este panorama, la ciudadanía consciente sabrá distinguir entre quienes merecen ser creídos y depositar en ellos su confianza para rescatar la fe pública.

Alejandro Mege Valdebenito.