No podemos permitir que los propietarios de la tierra baldía, eriaza tengan en virtud de su derecho de propiedad tanto o más derechos que los propios habitantes a vivir una vida tranquila y segura.

 La ordenación y la dimensión pública de la propiedad son claves para entender la conformación urbana, y en este contexto, las libertades deben ser conjugadas de manera abierta y democrática con sus sanciones y restricciones.  Asimismo, la custodia de la seguridad de la población por parte de la autoridad pública y la aplicación de sanciones deben obedecer siempre, en un Estado Derecho, a criterios de proporcionalidad.

Sabemos por los relatos de los vecinos que en los terrenos eriazos, el fenómeno de la delincuencia es el que afecta mayormente a los barrios contiguos, y frente al cual las autoridades deben de una vez actuar. No nos ha bastado con crear guetos de pobreza y marginalidad en las afueras de las ciudades, sino que además hoy permitimos que con la ausencia de normativa (salvo la de aplicar multas) los titulares de sus derechos de propiedad estén en condiciones de sepultar los anhelos de vivir una vida tranquila a cientos de familias que rodean un sitio eriazo en nuestro país.

No podemos permitir que los propietarios de la tierra baldía, eriaza y solitaria tengan en virtud de su derecho de propiedad, tanto o más derechos que los propios habitantes a vivir una vida tranquila y segura. Esta situación, más común de lo que quisiéramos, debe llevarnos a hacer un esfuerzo denodado para generar una ley para que los sitios eriazos, ubicados en áreas urbanas, tengan en la parte que enfrenta una calle, una avenida, un parque u otro bien público, cierres o cercos exteriores que permitan un mayor control de estas zonas y de la actividad que en ella se produce.

El proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de cierre de sitios eriazos debe ver la luz como ley, pues la existencia de sitios o propiedades abandonadas ha dado lugar a escenarios de delincuencia sexual, patrimonial, de infracción a la ley de drogas, y toda clase de graves daños a la seguridad ciudadana por la falta de cierres perimetrales.

El derecho de propiedad, insistimos, no puede ser obstáculo para la vida buena que un ciudadano merece vivir en su ciudad o pueblo. No más abusos de quienes construyen la vida de los otros, para mal, con la influencia de su dinero y posesiones.

Debemos resguardar la seguridad de la población y terminar con los suelos sin ocupantes, sin cercos, sin cuidadores especiales,  que dan pie al surgimiento de nidos de drogadicción y delincuencia, sin que los pobladores y vecinos del sector puedan hacer nada más que mirar cómo se deteriora su calidad de vida, permaneciendo impotentes por la falta de comprensión y de facultades legales de las autoridades para obligar al propietario a hacerse cargo del menoscabo que ocasionado el terreno baldío en la comunidad.

Roberto Poblete Zapata

Diputado de la República