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Las diversas aristas de la Pensión Garantizada Universal

Desde la falta de inclusión de varios sectores hasta la incertidumbre en el método de financiamiento para una futura ley que ha dado qué hablar.


 Por Nicolás Muñoz

PENSIONES

El proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), recientemente aprobado en sus primeros trámites constitucionales, permitirá incrementar las pensiones de los actuales y futuros pensionados a través de un aporte máximo de 185 mil pesos.

A continuación, se resuelven algunas dudas más comunes.

¿Quiénes recibirán más o menos? Las personas que tengan una pensión base menor o igual a 623 mil pesos, recibirán el monto máximo de 185 mil pesos, mientras que, quienes tengan una pensión base mayor a 623 mil pesos, pero menor a 1 millón de pesos, irán recibiendo un monto menor a 185 mil pesos proporcional a sus ingresos.

¿Quiénes serán los beneficiados? Todos los adultos mayores de 65 años que no se encuentren en el grupo del 10 % más rico de la población.

En el caso de las personas discapacitadas, según la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, “no entran en el sistema de la Pensión Garantizada Universal, se mantienen en su sistema, pero lo llevamos al monto de la línea de la pobreza, por lo tanto, todas las pensiones bajo 185 mil pesos van a nivelar sus montos hasta llegar a los 185 mil”, es decir, quienes tengan una pensión superior no recibirán ningún beneficio.

LOS PROBLEMAS DE INCLUSIÓN Y GÉNERO

La Pensión Garantizada Universal ha sido duramente cuestionada, debido a que deja de lado a una gran cantidad de personas quienes no cumplen con los requisitos mínimos o, derechamente, no fueron consideradas en el proyecto.

Al respecto, el diputado Leonidas Romero, durante la votación del proyecto de ley el lunes 3 de enero, expresó que “yo conozco la realidad de muchos chilenos con discapacidad, no solamente de quienes pertenecen a la Región de Biobío, que sufren las penas del infierno por los costosos tratamientos y que están quedando fuera”.

“Estamos dejando fuera a un grupo no menor de chilenos que requiere del respaldo y apoyo de sus autoridades, que hoy día está con serias dificultades económicas, que lo han pasado mal, que no han recibido apoyo del Estado ni de las autoridades comunales (…) Cuando se discuta en el Senado, ojalá ingresen indicaciones donde se incorpore a este grupo humano”, agregó.

En la oportunidad el diputado también hizo alusión a la carta enviada por Rodrigo Bastidas, presidente de la Corporación de Defensa de la Discapacidad de la Región del Biobío, quien expresó que “una vez más las personas en situación de discapacidad no serán consideradas en las políticas públicas en Chile (…) El discurso de inclusión sigue siendo solo un discurso y no se transforma en hechos concretos”.

En otro ámbito, Lorena Chocano, directora del centro de rehabilitación de Asociación de Amigos del Limitado Visual (Amilivi) de Los Ángeles, quien habló con Diario La Tribuna en ediciones anteriores respecto a la falta de inclusión de las personas discapacitadas, ahondó en otro tema relevante: la edad mínima planteada en el proyecto.

En su opinión, “está bien para los hombres que jubilan a los 65 años, pero y ¿qué pasa con las mujeres? si nosotras nos pensionamos a los 60 años. Es decir, no vamos a tener la pensión garantizada hasta cuando cumplamos los 65 años. Al final a la mujer se le va a obligar a igualar el año de jubilación con los hombres (…) Creo que lo primordial es comenzar a hacer distinciones en algunos temas”.

EL DILEMA DEL FINANCIAMIENTO

A pesar de que la Pensión Garantizada Universal fue aprobada de forma unánime por la Cámara de Diputadas y Diputados, la financiación del beneficio se mantiene en plena incertidumbre.

Una de las opciones que se barajan, fue la postulada durante la sesión del 5 de enero, donde se planteó y aprobó la indicación de que las personas que superen los 5 millones de dólares de patrimonio, pagarán un impuesto con una tasa de 1,5%, mientras que quienes superen los 22 millones de dólares de patrimonio, pagarán 2,5%, medida que se conoce como el “impuesto a los súper ricos”. No obstante, la indicación fue catalogada por el Gobierno como inconstitucional.

Asimismo, y durante la misma sesión, la Comisión de Hacienda aprobó algunas indicaciones que eliminan o reducen las exenciones tributarias con el objetivo de incorporar recursos por el 0,35 % del PIB a las arcas fiscales, los cuales serán destinados, de ser aprobado, al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal.

A lo que el informe entregado este jueves por el Consejo Fiscal Autónomo afirmó que “lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU”. Si bien, diversas entidades se han mostrado con disposición de cooperar para que el proyecto de financiamiento se transforme en ley, la verdad es que no se ve una solución rápida para un ingreso económico del que dependen millones de chilenos y chilenas.

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