Víctimas de toma ilegal de tierras demandarán al Estado por más de siete mil millones de pesos

Una familia de la comuna de Tirúa, en la provincia de Arauco, demandó al Estado de Chile por una suma superior a los siete mil millones de pesos, esto producto que hace más de 30 años no han podido recuperar sus tierras del fundo Los Ajos, siendo víctimas de tomas ilegales, incendios y homicidios frustrados en este punto de la región de Biobío.

Según dio a conocer la familia, intentaron buscar una solución con organismos como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -Conadi- además de abordar el tema con autoridades de la zona, quienes intentaron buscar una solución a la situación y lograr acuerdos pacíficos, sin tener resultados positivos hasta la fecha.

EL DURO RELATO DE LOS AFECTADOS

Quien describió parte de la compleja situación que vive la familia afectada hace más de tres décadas es uno de los hijos y dueño del fundo Mauricio Sepúlveda Santelices, quien comentó lo difícil que ha sido para su grupo familiar este hecho, y que derivó finalmente en la presentación judicial.

En particular comentó les puedo hacer un pequeño relato de la violencia vivida en el campo de nuestra familia en Tirúa, nuestros padres murieron esperando justicia, y ahora vamos quedando los tres hermanos y seguimos luchando por esto mismo de hace más de treinta años, enfatizó.

A lo anterior agregó que hemos buscado todos los caminos para encontrar una solución, hemos hablado con muchas autoridades, y nada se concreta. Estamos en la quiebra, no podemos llegar a nuestra propia casa con tranquilidad, porque podemos recibir un balazo en cualquier momento. El Estado no se ha hecho cargo de esto, y es una tremenda violación de los Derechos Humanos, nos han obligado a abandonar nuestra propia casa, y esto es algo increíble y una tristeza muy profunda, comentó el afectado.

DETALLES DE LA ACCIÓN LEGAL

Debido a esta situación, Sepúlveda demandará al Estado, y donde además no descartó, junto al abogado que lo representa, llevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y donde precisamente el abogado que lleva la causa, Remberto Valdés, entregó detalles de esta acción legal que busca instalarse como un precedente para las víctimas de violencia rural en el país.

En particular, el abogado Valdés comentó que claramente hay una falta de servicio por falta del Estado, y perjuicios gigantescos para la familia Sepúlveda. Llevan varias décadas ya tolerando esta situación terrorista, y adicionalmente a una falta de servicio por parte de la Conadi también enorme, por lo que nosotros hemos cifrado esta indemnización por perjuicios en no menos de siete mil millones de pesos, puntualizó.