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La Tribuna

Por apropiación indebida de $33 millones condenan a ex administrativa de laboratorio angelino

por Cristian Salazar Ramírez

La acusada, aprovechando sus funciones, anulaba los bonos ya cancelados por los servicios prestados a los usuarios, apropiándose de los montos

TOP ELEY /

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a Norma Valdebenito Navarrete, ex secretaria y encargada administrativa del Centro de Scanner del Laboratorio Clínico Central de Los Ángeles, a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, además de la pena de multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales, por su responsabilidad como autora del delito de apropiación indebida en carácter de reiterado, y en grado de consumado, en un ilícito perpetrado entre los años 2012 y 2015.

Según la información emanada desde el Poder Judicial, la suma total apropiada en perjuicio de la Sociedad de Scanner Los Ángeles S.A. corresponde a $33.496.360 pesos, y $15.223.650 pesos como perjuicio derivado de lo que se dejó de percibir por parte del Fondo Nacional de Salud.

LOS HECHOS

Según indicó la parte querellante en el juicio, entre el mes de enero de 2012 y el mes de febrero de 2015, Norma Valdebenito Navarrete, aprovechando la circunstancia de ejercer funciones de secretaria y como encargada administrativa del Centro de Scanner del Laboratorio Clínico Central, ubicado en calle Colo Colo N° 646 de la comuna de Los Ángeles, dentro de cuyas funciones le correspondía, entre otras, la de entregar las rendiciones de caja diariamente para depositar los valores en las cuentas correspondientes, supervisar el control de recepción de cajas y custodiar los valores diariamente, procede en diversas oportunidades, entre las fechas señaladas, a apropiarse del dinero pagado por parte de los pacientes que concurrían al Centro a realizarse exámenes.

En esa misma línea, se indicó que procedía a alterar el sistema informático registrando como anulados los bonos ya pagados por los servicios efectivamente prestados; esto lo realizaba accediendo al sistema informático luego de prestados los servicios, el mismo día o a más tardar al día siguiente, alterándolo y apropiándose materialmente de los dineros pagados en copago, esto es, en la parte que a cada paciente correspondía en el precio de cada bono, privando además de este modo del pago que por el saldo debía realizar Fonasa a la Sociedad, ya que al encontrarse anulado el bono, dicha institución no cancelaba dicha parte.

TOTAL DE MONTOS SUSTRAÍDOS

En relación con los montos que se vieron afectados por este ilícito, la parte querellante precisó que según nuestra auditoría efectuada en el mes de febrero de 2015, y que corresponde al período comprendido entre el mes de enero de 2012 y febrero de 2015, existen bonos anulados detectados a la fecha por un monto total de $33.575.500, que corresponden al dinero en efectivo que recibió de los pacientes que pagaron sus bonos con el copago de Fonasa en las dependencias del centro médico y que constituyen precisamente los dineros apropiados en perjuicio de mi representada, sumados a los $15.223.650, correspondientes a los dinero que Fonasa dejó de pagar a mi representada porque no se lograron cobrar al estar destruidos y anulados los bonos respectivos y aún más, agregando el 25% del valor de cada examen practicado (aplicado al valor total de $48.799.150) por concepto de honorarios médicos, que mi representada debió pagar a los médicos que practicaron respectivos informes, suma que alcanza $12.199.787.

EL ERROR QUE GATILLÓ LA AUDITORÍA

En el documento se indicó que la acusada pasó de secretaria a administradora el año 2012 o 2013, y que estuvieron de acuerdo con la gerencia y el directorio de ascender a la acusada, porque era bastante eficiente. Pero la acusada cometió un error que fue finalmente lo que permitió que esto se descubriese, y fue que atendió a su mamá en el centro y pidió dejar el bono Fonasa pendiente porque no tenía dinero para pagar y que lo pagaría después. Ellos tenían la regla de que ningún examen se entregaba si no estaba pagado, entonces, cuando le pidieron validar el examen para su entrega, pidió ver si había sido regularizado el bono, y pese a que le dijeron que sí, lo revisó de todas formas en el sistema Opus, encontrando que el examen había sido pagado con un bono de una Isapre, no de Fonasa, que era la previsión que tenía la madre de la acusada. Explicó que lo ocurrido era que había pagado con un bono de otra persona, lo que estaba prohibido. En ese momento, habló con la gerencia y decidieron hacer una auditoria, puesto que si ella era la encargada y hacía eso, podía ser que estuviese cometiendo otras irregularidades. Esto, sumado al hecho de que su nivel de vida no se condecía con su sueldo.

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