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El Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización a los familiares de 72 internos fallecidos y a 13 reclusos que sobrevivieron al incendio registrado hace casi 10 años, el 8 de diciembre de 2010, en la cárcel de San Miguel. En la sentencia, la magistrada Carolina Ramírez Reyes estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio y ordenó el pago de una indemnización total de $3.789.500.000, distribuidos en montos que van desde $3.000.000 a $112.000.000 ( según grupo familiar o afectado.
Para el tribunal: “Efectivamente, las autoridades penitenciarias no podían menos que prever que el hacinamiento, la inexistencia de medidas de evacuación, la inexistencia o ausencia de comunicación de un plan de incendios, el exiguo número de funcionarios a cargo de población penal, la escasa o nula preparación bomberil de los funcionarios de gendarmería y las desbordadas conductas de los internos, convertían a estos cilindros de gas en una bomba de tiempo para la seguridad de la población penal“, se lee en la sentencia.
Entre las distintas víctimas, destacan casos como el de Bastián Arriagada, que estaba privado de libertad por no haber tenido dinero para pagar la multa asignada por vender discos pirateados. La demanda por el joven fue acogida y la magistrada ordenó el pago de 45 millones a su familia. También sobresale entre las víctimas Óscar Arteaga Quincham, quien debía abandonar el penal -donde también estaba recluido por no pagar una multa- una semana después del 8 de diciembre de 2010, día en que ocurrió la tragedia.
Por ser de un fallo de primera instancia, el Consejo de Defensa del Estado puede apelar la resolución del juzgado.
