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PPD reclamó a Contraloría por lo que llamó cambios unilaterales del Gobierno al Registro Social de Hogares

El vicepresidente nacional de la colectividad, Rodrigo Daroch dijo que la acción del Ejecutivo dejó a miles de chilenos y chilenas sin poder acceder al IFE 2.0 y a todos les beneficios del Estado que ayudan a paliar la crisis económica familiar en medio de la pandemia.


 Por Benjamín Ahumada

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El Partido Por la Democracia se ha sumado a las inquietudes manifestadas por la Democracia Cristiana respecto de cambios realizados por el Ejecutivo al RSH, modificaciones poco esperadas y que a juicio de la oposición han dejado a muchos chilenos sin acceso a los beneficios del Estado en medio de la crisis sanitaria.

Por lo mismo el vicepresidente nacional del PPD y panelista del programa político de Radio San Cristóbal “Momento Republicano”, Rodrigo Daroch, pidió el pronunciamiento de la Contraloría General de La República en la materia.

“He ingresado un reclamo oficial vía escrito jurídico a la Contraloria General de la República, el motivo la discrepancia existente en cientos de familia con el RSH registro social de hogares, respecto de cambios unilaterales por parte del ejecutivo, el cual perjudican y afectan a las familias dejándolas inhabilitadas de poder recibir el IFE 2.0 (ingreso familiar de emergencia) u otro beneficio del estado.

Agregó que “hoy ante una crisis social en tiempos de pandemia no se puede tolerar errores por parte del Gobierno en desmedro de las familias chilenas”.

Una vez explicada las razones de su presentación al órgano contralor, el ex gobernador de Aruaco dijo que solicitaron que “se proceda por el máximo ente contralor del estado una fiscalización al proceder del Mideso con respecto a la asignación de criterios del registro social de hogares; que se revise por oficio los casos de cientos de familias que se han visto afectadas con aumento de ingresos inexistentes de manera unilateralmente por parte de su registro social de hogares y que se disminuya los plazos de respuesta por parte del Mideso ante las reclamaciones de familias por las incongruencias en sus registro social de hogares que hoy fluctúa entre 15 a 45 días plazo fatal en tiempos de pandemia y crisis social”.

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