Víctimas discapacitadas de asesinato masivo en Japón se mantienen en las sombras

ZAMA, Japón _ Un violento ataque a cuchilladas mató a su compañero de habitación en una instalación para personas con discapacidad del desarrollo en julio, pero Kazuya Ono no lo sabe.

Ono, de 43 años de edad, sobrevivió a cortes en su garganta y estómago hechos por el atacante, un ex cuidador de la casa grupal, y sigue internado en un hospital cercano.

Cuando se agita, se araña tan vigorosamente que se deja marcas en el rostro y los brazos. Grita “¡sangre, sangre, sangre!” a sus enfermeras. Se niega a comer la comida del hospital, así que sus padres, Takashi y Chikiko Ono, le llevan el curry favorito de Kazuya y uvas para el almuerzo.

Los Ono, que viven aquí en Zama, un suburbio de Yokohama, quieren que el mundo sepa más sobre su amado hijo, quien es autista y tiene la capacidad mental de un niño pequeño. Él es uno de los 26 sobrevivientes de los ataques a cuchilladas que dejaron 19 muertos en Sagamihara, una localidad montañesa en las afueras de Tokio. Según se informó, el agresor dijo a la policía que quería “eliminar a los discapacitados del mundo”.

Quizá haya logrado eso en más formas de lo que pretendía. Las víctimas del peor asesinato masivo en Japón desde la Segunda Guerra Mundial también han sido eliminadas de la imaginación del público. La gente ni siquiera sabe sus nombres, ya no digamos los detalles de sus vidas.

La policía en la prefectura de Kanagawa ha declinado dar a conocer las identidades de las víctimas, citando el deseo de privacidad de las familias, en una decisión que está provocando cada vez más críticas en todo Japón.

Los defensores de los discapacitados dicen que retener sus nombres es consistente con una cultura que los considera seres menores. Mantener a las víctimas ocultas, incluso después de sus muertes, dicen estos activistas, apoya tácitamente las opiniones de quienes -incluido el agresor- dicen que las personas con discapacidad deberían ser mantenidas separadas del resto de la sociedad, Takashi Ono, quien desea que las familias insistan en dar a conocer los nombres, dice abiertamente: “Quiero crear un mundo en el cual las personas no se avergüencen de sus familiares discapacitados”.

Osamu Nagase, un profesor visitante de estudios de discapacidad en la Universidad Ritsumeikan en Kioto, dijo que el público estaba aprobando tácitamente la percepción del atacante de que las víctimas “no merecían vivir”. Añadió: “Si queremos rendir tributo a esas 19 víctimas, no pueden permanecer sin nombre. No pueden permanecer sin rostro”.

Esa confidencialidad es inusual. En otros casos raros de asesinatos masivos en Japón, como los apuñalamientos de cinco víctimas ancianas en la isla de Awaji, al sur de Kobe, el año pasado, o un ataque con navaja en 2008 que dejó siete muertos en el barrio de Akihabara en Tokio, la policía identificó a las víctimas a los pocos días.

En realidad, en todo el planeta, mencionar el nombre de las víctimas es considerado una forma de honrarlas a ellas y a las pérdidas sufridas por sus familias. Cuando se revelan los detalles sobre las víctimas individuales, al público se le recuerda la humanidad que ha sido brutalmente eliminada.

Sin embargo, en el caso de los asesinatos de Sagamihara, la policía dijo que las familias mismas habían solicitado el anonimato, específicamente porque las víctimas eran discapacitados. Algunos, por temor al estigma, ni siquiera habían contado a familiares, amigos o compañeros de trabajo que sus hijos o hijas residían en Tsukui Yamayuri-en, el centro donde tuvo lugar el ataque.

Los medios noticiosos japoneses, por su parte, han cubierto extensamente a Satoshi Uematsu, el atacante de 26 años de edad.

Uematsu, quien renunció a Yamayuri-en febrero y pasó algunas semanas en un hospital siquiátrico, se lanzó en su conducta violenta a mitad de la noche, allanando el centro y yendo metódicamente de una habitación a otra, degollando a los residentes mientras dormían.

Estremecedoramente, había enviado una carta a un político cinco meses antes, instando a aplicar la eutanasia a las personas gravemente discapacitadas y delineando sus planes precisos para matarlos “por el bien de Japón”. En una sombría ironía, es muy probable que el propio Uematsu sea una persona discapacitada. Según los reportes noticiosos japoneses, los médicos del hospital siquiátrico emitieron un diagnóstico de trastorno delirante, pero luego lo dieron de alta tras concluir que no era una amenaza para otros.

Los defensores de las personas discapacitadas dicen que las opiniones de Uematsu representan el final extremo de un continuo de discriminación en el cual quienes tienen discapacidades a menudo son rechazados por una cultura que aprecia la conformidad.

“El clavo que destaca es martillado”, dijo Michael Gillan Peckitt, académico de medio tiempo en filosofía en la Universidad de Osaka que tiene parálisis cerebral. “Si uno está físicamente discapacitado o tiene discapacidades intelectuales”, añadió, “es una especie de molestia”.

Los intelectualmente discapacitados, que incluyen a aquellos con síndrome de Down así como algunas formas de autismo, son particularmente aislados en Japón.

Hasta 1996, la ley permitía que el gobierno esterilizara involuntariamente a aquellos con esas discapacidades. Y, hoy, es mucho más probable que aquellos con discapacidades físicas vivan en instituciones.

Según datos del gobierno, alrededor de una de cada seis personas con discapacidades del desarrollo vivía en un escenario institucional en 2011, el último año para el cual hay disponibles ese tipo de cifras. Entre quienes están discapacitados físicamente, la cifra es de una persona en cada 53.

“Japón ha sido fuertemente criticado en la comunidad internacional por la segregación de las personas con discapacidades”, dijo Kanae Doi, directora en Japón de Human Rights Watch, señalando que el país tenía muchas instituciones grandes como Yamayuri-en, donde viven cerca de 150 residentes de tiempo completo.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, ratificada por Japón en 2014, enfatiza la importancia de integrar a los discapacitados a las comunidades en vez de aislarlas en escenarios institucionales.

Japón ofrece algunos servicios a los físicamente discapacitados, incluidos elevadores en las estaciones de trenes y pitidos en los cruces peatonales y en la parte baja de las escaleras para los ciegos. Quienes están físicamente discapacitados por lo regular también pueden hablar por sí mismos.

“En el caso de los intelectualmente discapacitados, más de 90 por ciento de ellos no puede hablar”, dijo Toru Yuki, presidente de la Asociación Nacional de Discapacidades Intelectuales para Padres y Familias, después de visitar Yamayuri-en. “Necesitan a alguien más, sus padres o sus cuidadores, en quienes puedan confiar y deberíamos defenderlos en su nombre”. Yuki dijo que desaprobaba la decisión de no dar a conocer al público los nombres de las víctimas.

En Yamayuri-en, hay un altar improvisado afuera de la entrada. No hay nombres ni fotografías, sino una mesa cubierta con una sábana blanca donde los visitantes depositan flores y oran por los muertos.

En una tarde reciente, Risako Fushitani, de 32 años de edad, y su esposo, Hideo Fushitani, de 43, acudieron a rendir tributo durante unas vacaciones desde Osaka con su hijo, Takuro, de nueve años, quien es autista. Colocaron un ramo de crisantemos y pusieron dos latas de mandarinas y leche de almendras sobre la mesa.

  

“Yo quisiera revelar el nombre de mi hijo”, dijo Risako Fushitani, con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba a Takuro. “Pero si pienso en cómo reaccionarían mis familiares, puedo entender cómo se están sintiendo las familias de las víctimas”.