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La Tribuna

Ambientalistas y vecinos se organizan por implementación de Acuerdo de Escazú

por Juvenal Rivera Sanhueza

Mónica Ehrenfeld, presidenta de la Corporación Ciudadanía Ambiental, consideró que el acuerdo de Escazú "es central para el futuro de Chile con el fin lograr el ansiado cumplimiento del derecho constitucional de vivir libre de contaminación que, como ya hemos comprobado tristemente, no se cumple".

El humedal de Los Batros está en San Pedro de la Paz. / Cedida

Una consulta ciudadana autoconvocada, en el marco de la elaboración del anteproyecto para el acuerdo de Escazú 2024-2030, están organizando para este jueves el Consejo Ecológico de Los Ángeles y la Corporación Ciudadanía Ambiental.

La cita, que se iniciará a las 19 horas en las dependencias de la Corporación Cultural Municipal, es parte del proceso que lleva adelante del Ministerio del Medio Ambiente, a partir de la decisión del Estado chileno, de mayo del 2022, de ratificar el Acuerdo Internacional de Escazú, instrumento vital para la gestión ambiental que entró en vigencia en septiembre del mismo año.

La consulta busca consolidar el proyecto que tendría que otorgar garantía para acceder a la información ambiental, la participación vinculante ante decisiones de los gobiernos y sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de otorgar garantías de justicia ambiental, defensa a ciudadanos y líderes ambientalistas perseguidos por su defensa de derechos territoriales.

Mónica Ehrenfeld, presidenta de la Corporación Ciudadanía Ambiental, consideró que el acuerdo de Escazú "es central para el futuro de Chile con el fin lograr el ansiado cumplimiento del derecho constitucional de vivir libre de contaminación que, como ya hemos comprobado tristemente, no se cumple".

Apuntó a que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) ya publicó instructivos y guías para materializar Escazú en sus procedimientos, aunque hizo ver que "hemos constatado, a nivel regional, que aún no se incorporan en las evaluaciones".

También mencionó que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) creó la Oficina de Participación Ciudadana y Escazú, encargada de recibir y canalizar las denuncias de infracciones que corresponden a la institución, además de coordinar las acciones que garanticen la implementación de los derechos de acceso contemplados en Escazú.

Sin embargo, sus mayores críticas apuntan a la prescindencia de la participación "Vinculante" respecto de las decisiones en las que se convoca a la ciudadanía: "Ya estamos cansados de ser meros ‘opinólogos’. Esta propuesta surgió de Cepal para América Latina y el Caribe y Chile la modifica, ntonces quedamos en lo mismo.  No se produce un avance concreto".

Según Ricardo Gierke, secretario de la Corporación Ciudadanía Ambiental, apuntó a la necesidad de trabajar el convenio de Escazú "tan necesario para proteger no solo los humedales, sino que también nuestras reservas de agua dulce como glaciares, lagunas y ríos superficiales y subterráneos".

Hizo ver que "hoy las comunidades estamos en desventaja, ya que se nos hace muy difícil hacer observaciones a mega proyectos en nuestra provincia. Acá dejamos en claro que no estamos en contra del cambio de la matriz energética, pero no aceptamos que se pierdan tierras agrícolas, que se perjudique a pequeños agricultores, a nuestros apicultores y recolectores".

El dirigente aseguró que "no queremos ser parte ni apoyar indirectamente este progreso mentiroso que solo beneficia a unos pocos. Por esta razón es necesario que este nuevo tratado que protege el medio ambiente sea vinculante y podamos además tener en cada capital regional Tribunales Ambientales". 

Por lo mismo, aseguró que "una de nuestras peticiones como organización ambiental, es trabajar en conjunto con las entidades que están para proteger y cuidar el medio ambiente, ya que hoy esto no se está cumpliendo".

También sostuvo que a las organizaciones ambientales "nos resulta imposible viajar a Valdivia a los tribunales ambientales y competir con estos megos empresarios, que solo atropellan sin importar, a los que habitamos por décadas en nuestros territorios ni las consecuencias que cada uno de sus proyectos pueda generar".

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