Chile requiere de una política país por la desalinización en contra de la crisis hídrica

La sequía que afecta a Chile ya se ha prolongado por 13 años, y si bien las lluvias de este invierno alejaron la amenaza del racionamiento hídrico en la zona central, la Dirección Meteorológica de Chile indicó que "los déficits de precipitaciones están entre 13% y 100%, siendo la zona central la más afectada de todo el territorio nacional, y conforman una situación que no es temporal, sino que corresponde a una condición climática de "menor disponibilidad hídrica permanente".

Debido a lo anterior, según se explica, "es urgente el desarrollo de iniciativas que permitan asegurar el aprovisionamiento de agua, tanto para consumo humano como para el desarrollo de diversas actividades, como la agricultura, clave para combatir la crisis alimentaria. Y los proyectos de desalinización han surgido como una alternativa viable para múltiples usos, más allá de la minería, como ya se ha demostrado en diversos países, entre ellos Chile".

POLÍTICA NACIONAL EN LA MATERIA

"En nuestro país, en este momento operan más de 20 plantas desaladoras, de las cuales más del 25% está orientada total o parcialmente al consumo humano. Gran parte del agua potable consumida en ciudades como Antofagasta, Copiapó, Caldera y Taltal proviene de agua de mar desalada", indica el académico, director del Centro Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) e investigador del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua (CAPTA), de la Universidad de Chile, Claudio Sáez.

Sobre el uso de esta agua, el mismo Sáez destacó que en España más del 22% del agua desalada se destina a regadío de cultivos. "En Chile agrega Carlos Foxley, presidente de la Asociación Chilena de Desalinización (Acades), hemos avanzado con 'casos muy positivos en las regiones de Antofagasta y Ñuble, donde hay cultivos agrícolas que utilizan el agua de mar procesada y desalinizada para producir hortalizas; y estas experiencias son perfectamente expandibles a lo largo del país".

LA DEMORA EN LA LLEGADA DE LA LEY

Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), plantea que el problema del agua en Chile "es de tal envergadura y urgencia que no es posible esperar soluciones de mercado. Más aún, considerando que proyectos de este tipo demoran al menos ocho años para entrar en operación, si las decisiones no se toman pronto, habremos llegado tarde. El Estado debe intervenir a través del diseño de políticas públicas que permitan una mejor administración del agua existente, una acumulación de las aguas remanentes que cada vez son menos y una expansión de la oferta de agua".

Por lo mismo, se espera que en 2023 avance el proyecto de ley que se encuentra en la comisión de recursos hídricos del Senado. A ello se suma la necesidad de considerar normas y planes de vigilancia que consideren la especificidad de la actividad y sus impactos, como la salinidad de los residuos de la desalación, parámetro que no está incluido en la norma de emisión que los rige, el DS 90.