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Campo Seguro recurrirá a Contraloría por predio comprado por Conadi con intimidación a dueños

por Jorge Guzmán Buchón

Según la organización, ese tipo de intimidaciones y hechos de violencia también es una "violación a los derechos humanos y se denomina desplazamiento forzado".

En materia de Derechos Humanos, acciones violentas que buscan que las víctimas dejen un terreno a través de estas se denomina “desplazamiento forzado”. / Diario La Tribuna

La organización Campo Seguro requirió a la Contraloría General de la República su pronunciamiento en torno a la compra de un predio en la comuna de Galvarino (Región de la Araucanía) por parte de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), debido a que habría usado la violencia para desplazar a sus propietarios.

El gerente de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, planteó que habrían ocurrido actos de presión violenta para desplazar a sus dueños del terreno, lo cual incumple la glosa de la Ley de Presupuesto referida a la compra de tierras por parte del Estado.

"En esta compra particular de Conadi, en la comuna de Galvarino, región de la Araucanía, hay antecedentes de prensa y también denuncia de hechos de violencia hacia las personas que habitaban el predio", afirmó el dirigente.

Se refirió específicamente al episodio más violento, donde un incendio destruyó en su totalidad la casa patronal, hecho ocurrido en 2022. A juicio de Muñoz, "la Conadi ha incumplido la glosa del presupuesto que aprueba la compra de tierras" ya que, de acuerdo a la norma, "se prohíbe la compra de algún terreno que haya sido de alguna forma perturbado, en este caso se dan tanto ataques incendiarios como ataques armados a las personas".

Muñoz hizo ver que "desde la aplicación de la ley, en 2009, ha sido un modus operandi recurrente respecto de la presión a los propietarios agrícolas para que puedan vender sus terrenos, a través de ataques armados, incendiarios, intimidación, coerción y otros delitos".

Por lo mismo, sostuvo que hay argumentos para "hacer un requerimiento formal a la Contraloría para que este estamento que rige la acción de los poderes del Estado pueda pronunciarse respecto de la pertinencia de la adquisición de Conadi hacia la comunidad indígena, cuyos integrantes han llamado a hechos de violencia".

El gerente reconoció que "si bien quienes cometieron esos atentados no están imputados, sin duda hay una presión del grupo, que busca forzar la firma del propietario para vender este terreno".

Para el directivo, "las acciones violentistas buscan intimidar a las víctimas. Es una violación a los derechos humanos y se denomina desplazamiento forzado".

Ese punto de vista lo complementó, indicando que "el propio INDH ha reconocido una violación de Derechos Humanos cometidos por civiles hacia otros civiles. Esto es un acto voluntario del propietario, pero dados los hechos de violencia estos terminan cediendo a la presión de los actos violentos".

A lo anterior se suma el hecho de que "un terreno que es violentado frecuentemente sale del mercado. La única vía para terminar es la venta a la CONADI, que es lo que buscan estos grupos violentos". 

El vocero del conjunto observó que "las fuerzas operativas, es decir, Carabineros, PDI y Fiscalía se encuentran sobrepasadas respecto a los hechos de violencia, por lo que esperamos que se dé celeridad a la tramitación de la actualización de la Ley Antiterrorista".

Sobre la efectividad de la Ley de Usurpaciones para frenar este tipo de casos, el gerente de la ONG Campo Seguro consideró que "ha tenido un efecto positivo en la acción de Carabineros al respaldarlos judicialmente".

Sin embargo, recalcó que los grupos armados utilizan recursos violentos, como la quema de propiedades y construcciones al sector forestal. Esa es la forma que buscan los grupos radicalizados para intimidar, atemorizar y causar terror en quienes laboran en esas faenas.

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