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Con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, el Senado aprobó este lunes en general el proyecto de ley denominado "Escuelas Protegidas", iniciativa que apunta a reforzar la seguridad y la convivencia al interior de los establecimientos educacionales frente al aumento de hechos de violencia escolar.
La propuesta, impulsada por el Ejecutivo con discusión inmediata, contempla medidas como la revisión de mochilas y bolsos, sanciones por interrupción de clases y nuevas restricciones vinculadas al acceso a la gratuidad en educación superior para estudiantes involucrados en hechos graves de violencia.
El articulado del proyecto será revisado y votado este martes en Sala. Posteriormente, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Baja para cumplir su tercer trámite constitucional.
Durante la sesión, senadores de distintos sectores coincidieron en condenar el asesinato de la inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, María Victoria Reyes Vache, quien murió tras ser apuñalada por un estudiante de 18 años en marzo pasado, hecho que marcó el debate legislativo.
Entre las medidas aprobadas por la Comisión de Educación, se establece que los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de estudiantes, con el objetivo de evitar el ingreso de elementos peligrosos.
La norma señala que estas revisiones solo podrán realizarse por "motivos fundados, individualizados y verificables", prohibiendo controles sistemáticos o basados en características personales, sociales, étnicas, religiosas, de género o condición socioeconómica.
Asimismo, se prohíbe cualquier revisión corporal o de vestimenta y se establece que el procedimiento deberá efectuarse en lugares habilitados y con la presencia de al menos dos adultos del establecimiento, uno de ellos integrante del equipo de convivencia escolar.
En caso de encontrar elementos potencialmente peligrosos, el establecimiento deberá informar de inmediato a los padres o apoderados y a las policías. Si el estudiante se niega a la revisión, se deberá contactar a su familia y eventualmente dar aviso a Carabineros o la PDI.
El proyecto también permitirá que los reglamentos internos prohíban el uso de prendas o accesorios que dificulten la identificación facial, aunque se contemplan excepciones por motivos de salud, necesidades sensoriales, razones religiosas, climáticas o de identidad de género.
El presidente de la Comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza, sostuvo que el objetivo es "fortalecer la convivencia en los colegios para resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa".
Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el avance de la iniciativa y afirmó que el proyecto "entrega más herramientas a los establecimientos y fortalece las atribuciones de los docentes para aplicar medidas disciplinarias".
El debate estuvo marcado por posiciones contrapuestas. Mientras algunos parlamentarios defendieron la necesidad de recuperar la autoridad en las aulas y responder al aumento de la violencia escolar, otros cuestionaron el enfoque "punitivo" del proyecto y advirtieron la falta de medidas integrales de salud mental y prevención.
También surgieron reparos respecto a la eventual intervención policial en espacios educativos y a la posibilidad de perder la gratuidad en educación superior como sanción asociada a hechos violentos.
Durante la discusión se recordó que, según cifras expuestas en Sala, durante el último año se registraron más de 17 mil denuncias por convivencia escolar en la Superintendencia de Educación y que cerca de la mitad de los establecimientos habría debido recurrir a las policías por episodios de violencia.
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