La Comisión de Educación de la Cámara Baja aprobó y despachó a la Sala el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, iniciativa impulsada por el Ejecutivo en el marco del denominado Plan Escuelas Protegidas.
La propuesta, que se encuentra con urgencia de discusión inmediata, quedó en condiciones de ser debatida por la Sala a inicios de la próxima semana, luego de incorporar indicaciones tanto del Gobierno como de parlamentarios de distintos sectores.
El proyecto contempla un conjunto de seis medidas orientadas a enfrentar hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales y fortalecer los mecanismos de prevención dentro de las comunidades escolares.
El presidente de la comisión, diputado Sergio Bobadilla, valoró la aprobación de la iniciativa, señalando que apunta a resguardar los espacios educativos.
"Recuperar el espacio educativo para los estudiantes que quieren ir a estudiar, a progresar y desarrollarse y no para quienes están destruyendo la educación en nuestro país", afirmó.
En la misma línea, planteó además su respaldo a medidas vinculadas al uso de recursos públicos en educación, aludiendo a la discusión sobre gratuidad en casos de conductas violentas.
Desde otra perspectiva, el diputado Luis Pardo sostuvo que el proyecto entrega nuevas herramientas para abordar situaciones de violencia en establecimientos educacionales, reforzando la capacidad de prevención.
A su juicio, la iniciativa también fortalece la autoridad de directores y docentes, además de resguardar el rol de otros actores de las comunidades educativas, como asistentes de la educación.
Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, reiteró que el objetivo central es recuperar la seguridad en los espacios escolares. En relación a la norma que sanciona la interrupción de clases, precisó que esta apunta específicamente a la "interrupción violenta", aunque dicha precisión no queda expresamente establecida en el articulado.
REVISIÓN DE PERTENENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS
Uno de los puntos más debatidos del proyecto es la facultad que se otorga a los sostenedores para incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes —excluyendo la vestimenta— con el objetivo de prevenir el ingreso de elementos que puedan ser utilizados para agredir o dañar infraestructura.
La norma establece además que queda estrictamente prohibido requerir a los estudiantes que se desnuden o realizar revisiones corporales. Asimismo, se fija que estos procedimientos deberán realizarse bajo condiciones específicas, como personal autorizado, resguardo de la dignidad de los involucrados y en espacios habilitados para dichos efectos.
En caso de encontrarse elementos prohibidos, los establecimientos deberán informar de inmediato a los apoderados y, según corresponda, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones.
INTERRUPCIÓN DE CLASES Y SANCIONES
El proyecto también modifica el marco normativo que regula la subvención escolar, incorporando definiciones respecto de la interrupción de clases. En esa línea, se establece que se considerarán hechos graves aquellos actos de estudiantes destinados a impedir la realización de clases o que provoquen su suspensión total o parcial, incluyendo también amenazas que afecten el normal desarrollo de la jornada escolar.
Asimismo, se incorporaron indicaciones que amplían este criterio a amenazas realizadas por cualquier miembro de la comunidad educativa que generen alteraciones sustantivas en el funcionamiento de los establecimientos.
DEBATE POR GRATUIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es la incorporación de requisitos asociados al acceso y continuidad de la gratuidad en educación superior, vinculados a la no condena por delitos graves contra las personas o la propiedad.
La comisión también aprobó indicaciones que permiten suspender el beneficio en caso de que el estudiante sea condenado por sentencia firme por este tipo de delitos.
Con este despacho, el proyecto queda en condiciones de ser revisado por la Sala de la Cámara, en medio de un debate marcado por el endurecimiento de medidas frente a la violencia escolar y las garantías de convivencia dentro de los establecimientos educacionales.