La gratuidad en la educación superior fue un avance enorme para miles de jóvenes que antes no podían siquiera soñar con acceder a estudiar una carrera profesional. Que hoy muchos jóvenes no tengan que endeudarse por años para poder ingresar a la educación superior es un logro indiscutible.

Sin embargo, este beneficio, aunque valioso, no siempre es suficiente para garantizar que los estudiantes logren su progresión académica.

Detrás de la gratuidad hay una realidad de la que poco se habla: muchos estudiantes terminan desertando de la educación superior al no poder costear lo que implica la vida universitaria. Están los gastos que muchas veces se pasan por alto: el traslado diario, la alimentación, los materiales, e incluso el tiempo que los estudiantes deben invertir en ayudar a sus familias trabajando. Para muchos, compatibilizar estas responsabilidades con la exigencia académica se vuelve una tarea casi imposible, y terminan abandonando la carrera a pesar de tener gratuidad.

No es casualidad que, según la Subsecretaría de Educación Superior (2024), la tasa de deserción al primer año alcance el 29,7%, una cifra que en los institutos profesionales sube hasta el 37%. A nivel acumulado, cerca de uno de cada dos estudiantes (48%) no logra completar sus estudios en el tiempo esperado, según datos del Consejo Nacional de Educación (CNED). Esto evidencia que la gratuidad, aunque importante, no asegura por sí sola la permanencia en la educación superior.

Por otro lado, también existe un grupo de estudiantes que, aun teniendo la oportunidad de estudiar sin endeudarse, no aprovechan este derecho. Un estudio de la Universidad de Chile (2019) señaló que cerca del 50% de los beneficiarios de gratuidad no logra titularse dentro del tiempo formal de su carrera. A esto se suma que, de acuerdo con el Informe de Deserción en Educación Superior 2023, aproximadamente 63 mil estudiantes abandonaron sus estudios en 2022, siendo la mayoría de ellos de los primeros quintiles de ingresos, precisamente los grupos que más dependen de este beneficio.

Además, la gratuidad cubre la matrícula y arancel, pero no los costos indirectos de la vida universitaria. La Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (INE, 2022) mostró que un estudiante promedio en regiones gasta entre $120.000 y $180.000 mensuales en transporte y alimentación, montos que muchas familias no pueden asumir.

Esto abre un debate incómodo pero necesario: ¿cómo se cuida y se valora un beneficio que le costó tanto al país implementar?

La gratuidad es un derecho, pero también implica una responsabilidad. No basta con celebrar que la educación superior esté al alcance de más personas; hay que pensar cómo aseguramos que quienes acceden puedan mantenerse en sus estudios y terminarlos. Esto requiere políticas complementarias que consideren becas de mantención, residencias estudiantiles y apoyos socioemocionales, además de un compromiso personal de quienes reciben el beneficio.

Solo así la gratuidad cumplirá realmente su promesa: abrir caminos de futuro y no quedarse en un simple gesto simbólico.

Víctor Rozas

Coordinador de Progresión Académica

Inacap sede Los Ángeles