El quiebre de la convivencia escolar

La provincia de Biobío enfrenta una preocupante escalada de hechos de violencia que no han dejado a nadie indiferente. Episodios recientes, que van desde un grave ataque con arma blanca a un menor en Tucapel hasta reiteradas amenazas de tiroteos en comunas como Los Ángeles, Laja y Mulchén, no pueden ser leídos como hechos aislados ni, menos aún, relativizados como conductas propias de la edad. Lo que está en juego es la seguridad de las comunidades educativas y la estabilidad de un sistema que es tradicionalmente conocido como seguro.

En este contexto, se vuelve indispensable avanzar con decisión en dos planos complementarios. Por un lado, el actuar oportuno de las instituciones —educacionales, policiales y judiciales— para investigar, sancionar y prevenir este tipo de situaciones con el rigor que la ley establece. Por otro, y no menos relevante, el rol insustituible de las familias como primer espacio de formación, contención y supervisión de niños, niñas y adolescentes.

Las llamadas "bromas" o amenazas difundidas a través de redes sociales o mensajes anónimos no solo generan alarma, sino que tienen consecuencias concretas. La suspensión de clases, la activación de protocolos de emergencia y el despliegue de recursos policiales implican una afectación directa al derecho a la educación, además de un uso intensivo de capacidades estatales que debieran estar enfocadas en la persecución de delitos efectivos. A ello se suma el impacto emocional en estudiantes, docentes y apoderados, quienes ven alterada su vida cotidiana bajo un clima de incertidumbre y temor.

En este escenario, la familia no puede quedar al margen. La supervisión del uso de dispositivos digitales, el conocimiento de los entornos sociales de los hijos y la formación en el respeto y la responsabilidad son elementos esenciales para prevenir conductas de riesgo. Delegar completamente esta tarea en los establecimientos educacionales o en el Estado es desconocer una responsabilidad que es, ante todo, compartida.

Asimismo, se vuelve imprescindible evitar la normalización de estos hechos. La presencia de patrullajes policiales en establecimientos o la reiteración de suspensiones por amenazas no pueden transformarse en parte del paisaje habitual. Aceptarlo sería renunciar a la exigencia básica de entornos seguros para el aprendizaje.

La institucionalidad debe actuar con claridad y celeridad. Cuando existen conductas que configuran delito, las sanciones deben aplicarse conforme a derecho, no como una señal de castigo ejemplarizador, sino como una garantía de que el orden social y la convivencia no serán vulnerados sin consecuencias.

Recuperar la seguridad en los espacios educativos no es solo una tarea de las autoridades, es un desafío que interpela a toda la comunidad, partiendo por el entorno más íntimo, la familia.