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El anuncio de nuevos proyectos de ley para enfrentar la violencia en establecimientos educacionales, impulsados por el presidente José Antonio Kast, generó una inmediata reacción del gremio docente. Desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile calificaron las iniciativas como insuficientes y alejadas del problema de fondo.
El presidente del gremio, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo que en una primera revisión "queda absolutamente pobre en relación a la gravedad y a la profundidad del problema que se pretende abordar".
Según el dirigente, las medidas anunciadas se concentran en sancionar conductas, pero no en prevenirlas.
"Lo que se propone son simplemente medidas que apuntan a los efectos, pero no a las causas", afirmó Aguilar, enfatizando que no existe una mención concreta a la salud mental, factor que considera clave para entender el aumento de la violencia escolar.
El líder docente advirtió que este fenómeno responde a una problemática social más amplia. En esa línea, señaló que situaciones críticas recientes —como hechos de violencia registrados en el norte del país— evidencian una base estructural que no está siendo abordada.
Otro de los puntos cuestionados por el Colegio de Profesores apunta al enfoque del sistema educativo. Aguilar sostuvo que actualmente existe una presión excesiva por resultados académicos y pruebas estandarizadas, en desmedro del desarrollo integral de los estudiantes.
A juicio del dirigente, este modelo ha derivado en espacios educativos poco atractivos y altamente demandantes, lo que podría incidir en el aumento de conflictos dentro de las comunidades escolares.
El gremio también manifestó preocupación por lo que calificó como disposiciones ambiguas en los proyectos. En particular, cuestionaron la posibilidad de equiparar manifestaciones pacíficas con hechos de violencia grave.
Aguilar ejemplificó que, bajo estas propuestas, una protesta estudiantil por condiciones deficientes —como problemas sanitarios— podría recibir el mismo tratamiento que actos violentos, lo que calificó como "una mezcla tramposa que atenta contra derechos fundamentales".
Asimismo, planteó dudas respecto a eventuales sanciones permanentes para estudiantes, como la pérdida de beneficios educativos de por vida, lo que incluso podría ser objeto de cuestionamientos constitucionales.
Desde el Colegio de Profesores insistieron en que la violencia escolar requiere una mirada integral, que considere factores como la salud mental, el entorno social y el enfoque educativo.
"Estas medidas se quedan cortas frente a la profundidad del problema", concluyó Aguilar, reiterando la necesidad de avanzar hacia políticas públicas que apunten a las causas estructurales y no solo a sus consecuencias.
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