Una manifestación pacífica protagonizada por apoderados de la Escuela San José de Huaqui marcó este jueves el centro de Los Ángeles, luego de que representantes del Centro General de Padres y Apoderados llegaran hasta la Plaza de Armas para entregar cartas formales a autoridades comunales y provinciales, con el objetivo de visibilizar una serie de irregularidades que —según acusan— afectan directamente a más de 300 estudiantes del principal establecimiento rural del sector norte de la comuna.
La movilización fue encabezada por el presidente del Centro de Padres, Gustavo Vergara, quien explicó que la escuela atiende actualmente a 320 estudiantes provenientes de distintos sectores rurales, entre ellos Peñaflor, El Olivo, La Mona, El Rosal, Los Guanacos, Los Tilos y Villa Las Galaxias, con un índice de vulnerabilidad cercano al 90%.
Según señaló el dirigente, la lejanía con el radio urbano convierte al recinto en la única alternativa educativa para numerosas familias.
Entre las principales inquietudes expuestas por los apoderados figuran problemas sanitarios, deterioro de infraestructura, conflictos laborales internos, desvinculaciones de trabajadores y cuestionamientos al sistema de transporte escolar gratuito.
En materia sanitaria, Vergara indicó que al inicio del año escolar se detectaron deficiencias que derivaron en fiscalizaciones de la autoridad de salud.
"Se detectaron basuras acumuladas desde diciembre cerca de la cocina, lo que generó presencia de roedores. Se exigieron mejoras mínimas para reabrir el comedor, pero como Centro de Padres no hemos podido verificar en terreno las condiciones actuales", sostuvo.
A ello se sumaron —según el dirigente— episodios anteriores vinculados a problemas en el suministro de agua potable, que habrían afectado a estudiantes con trastornos gastrointestinales, además de fugas de gas que obligaron a suspender clases.
En cuanto a infraestructura, los apoderados mencionaron un progresivo deterioro del recinto.
"La infraestructura es antigua, de los años 60 y 70. Es amplia y mantiene equipamiento, pero se nota abandono y falta de mantención", afirmó Vergara.
Respecto del transporte escolar, los representantes denunciaron eventuales incumplimientos normativos.
En el ámbito laboral, el Centro de Padres planteó que durante el año pasado fueron desvinculados 19 funcionarios, entre docentes, asistentes de la educación y personal administrativo, en medio de un conflicto interno que actualmente se encuentra judicializado. "Existe un conflicto laboral fuerte. Hay causas por vulneraciones laborales y personas que participaron como testigos habrían sido despedidas", indicó el dirigente.
Otra preocupación planteada apunta a la administración de recursos públicos. Los apoderados sostienen que el establecimiento, en su calidad de particular subvencionado, recibiría cerca de mil millones de pesos anuales en aportes estatales.
"Las cuentas no son claras y no vemos mejoras acordes a los recursos recibidos. Siempre hemos pedido transparencia en el uso de fondos públicos destinados a la educación de nuestros hijos", expresaron.
LA RESPUESTA DEL ESTABLECIMIENTO
Frente a los cuestionamientos, el inspector general y representante legal del establecimiento, Paulus Parung, sostuvo que el colegio ha colaborado activamente con los organismos fiscalizadores y que varias de las situaciones denunciadas ya fueron abordadas.
Respecto a la emergencia sanitaria, explicó que la detección de fecas de roedores en la cocina —administrada por una empresa externa— motivó la suspensión preventiva de la entrega de alimentación y de actividades presenciales.
"Tomamos la decisión de suspender las clases de manera preventiva por la manipulación de alimentos. Posteriormente se realizaron las mejoras exigidas y la autoridad levantó la prohibición. Hoy el servicio funciona con normalidad", indicó.
Añadió que, según fiscalizaciones, salas y servicios higiénicos se encontraban operativos.
En relación con las desvinculaciones, Parung precisó que no se trató de despidos masivos, sino de término de contratos y ajustes administrativos.
"Algunos contratos finalizaron por plazo. Otros casos fueron desvinculaciones justificadas. También hubo conductores y asistentes que dejaron de prestar funciones porque este año el transporte pasó casi completamente a servicios externos", explicó.
Sobre el cuestionado conductor, reconoció que el caso se registró el año pasado bajo un sistema de transporte distinto al actual.
En cuanto al uso de recursos públicos, sostuvo que el establecimiento cumple con las obligaciones de rendición ante los organismos competentes.
Finalmente, el representante legal destacó que el establecimiento recibió recientemente un reconocimiento por excelencia académica, lo que —a su juicio— refleja el trabajo educativo desarrollado.
VERSIONES ENCONTRADAS
Desde la dirección indicaron además que recientemente se realizó una reunión formal con representantes del Centro de Padres, instancia en la que —según señalaron— se aclararon inquietudes y se acordaron mejoras. Sin embargo, desde el CGPA aseguraron que no se ha acordado ninguna reunión junto a la dirección.
"No hemos tenido reunión como Centro de Padres. Quizás atendieron algunos apoderados en forma individual", señaló Vergara.
Mientras los apoderados continúan gestionando nuevas fiscalizaciones y medidas de las autoridades, la dirección asegura que el establecimiento funciona con normalidad.