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Según la declaración pública difundida por el gremio, diversos establecimientos reportaron la imposibilidad de desarrollar la evaluación debido a fallos logísticos, entre ellos la ausencia o retraso de examinadores y la falta de materiales esenciales.
Por su parte, la Agencia de Calidad de la Educación informó que la suspensión afectó al 3% de los establecimientos educacionales y atribuyó el problema al proveedor a cargo de la aplicación en la capital, anunciando reprogramaciones y la aplicación de multas.
Aseduch valoró la rápida decisión de reprogramar la evaluación, pero calificó la explicación oficial como "insuficiente", señalando que no corresponde delegar la responsabilidad en un tercero.
La asociación advirtió que los propios proveedores habrían reconocido que las licitaciones se realizaron de forma tardía, lo que —según Aseduch— refleja una deficiente gestión administrativa que afectó el reclutamiento y la capacitación del personal, poniendo en riesgo la seriedad del examen.
En su declaración, la agrupación instó a la Agencia de Calidad y al Ministerio de Educación a investigar las causas de las demoras en las licitaciones, garantizar transparencia a las comunidades educativas y extremar medidas logísticas para asegurar condiciones adecuadas durante la reprogramación.
"El Simce es una herramienta esencial para el mejoramiento continuo de la calidad educativa", sostuvo Aseduch, enfatizando que las comunidades escolares no deben ser las que soporten las consecuencias de las fallas administrativas.
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