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El dictamen emitido por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) ha generado una controversia en el ámbito educativo y político.
La resolución del órgano fiscalizador estableció que el Pase de Educación Superior debe ser utilizado únicamente para desplazamientos con fines académicos, a pesar de que esté habilitado para operar los 365 días del año, sin restricción horaria.
Esta postura fue ratificada tras el reclamo de una estudiante, quien advirtió contradicciones entre la información entregada por la Subsecretaría de Transportes y la Guía de Uso publicada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Mientras esta última no especifica los motivos de traslado, la Subsecretaría aclaró que el beneficio aplica únicamente cuando se trata de actividades ligadas a la educación.
El Decreto N° 20 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sin embargo, establece que choferes y empresas de transporte no están autorizados a exigir a los beneficiarios que acrediten los fines de su desplazamiento.
Frente a esta resolución, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que se solicitará a la CGR una reconsideración del dictamen.
El ministro adelantó que se ha dialogado con el Presidente de la República para presentar formalmente una nueva solicitud ante Contraloría. "Vamos a resolver esa contradicción para solicitar una consideración nueva a la Contraloría General de la República en orden de poder alinear finalmente tanto el Decreto 20 que regula el tema del transporte escolar, como también los instructivos de Junaeb", sostuvo.
La finalidad del Ejecutivo es restituir el uso irrestricto de la TNE durante todo el año, tal como ha funcionado desde el 1 de enero de 2015. "Sobre todo a partir de lo que sería la determinación de los 'fines educativos' en una cantidad impresionante de trayectos que diariamente se efectúan por parte de estudiantes tanto del nivel básico como también del nivel medio y superior", agregó Cataldo.
El ministro también manifestó su preocupación por el posible aumento de conflictos entre conductores del transporte público y estudiantes, ante la dificultad de verificar el motivo de los viajes. "Ya lo hemos visto con mucha preocupación en la conflictividad que podría abrirse con esta interpretación", concluyó.
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