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La actividad se enmarca en el rechazo a los descuentos que, según acusan, se aplicaron de forma irregular a sus remuneraciones por motivo de los días no trabajados durante las últimas movilizaciones.
La medida de presión busca visibilizar lo que consideran una injusticia, ya que aseguran que el derecho a manifestarse está amparado por la legislación laboral vigente, y que los descuentos realizados son "ilegales" al no haber sido parte de un proceso administrativo claro ni contar con instancias previas de diálogo.
En desarrollo.
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