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La Tribuna

Junaeb entregó sólo un tercio de kits de útiles escolares y con meses de retraso

por María Paz Rivera Arévalo

Contraloría revelas graves irregularidades y anuncia sumario

contexto / internet

La Contraloría General de la República reveló irregularidades en la ejecución del Programa de Útiles Escolares 2024 que lleva adelante la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

De acuerdo a la información entregada se detectó un retraso de cinco meses en la entrega de los materiales destinados a estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados con gratuidad.

Según una Investigación Especial (INVE) del ente fiscalizador, al 6 de septiembre de 2024 solo se había distribuido el 34% de los kits escolares comprometidos, lo que equivale a 740.883 unidades entregadas de un total de 2.656.214.

Esto deja un preocupante saldo de 1.425.852 kits aún pendientes, a pesar de que el año escolar comenzó en marzo y la distribución recién se inició el 26 de julio.

El informe también detalla que, debido a errores en el proceso de licitación, la primera convocatoria para adquirir los útiles fue declarada desierta. El único oferente que cumplía con los requisitos técnicos fue descalificado por presentar lápices de colores con forma rectangular en lugar de hexagonal, una exigencia considerada excluyente por Junaeb, sin justificación técnica. La segunda licitación, finalmente adjudicada, modificó este criterio, permitiendo ambos formatos.

Además del retraso, la Contraloría constató que los materiales entregados resultaron ser insuficientes para cubrir las necesidades de las distintas asignaturas del currículum escolar.

A esto se suma que la empresa contratada para la distribución nacional de los kits no contaba con una flota propia de vehículos ni con el giro comercial adecuado para dicha actividad, lo que deja en evidencia una deficiente planificación institucional.

Frente a estos antecedentes, el organismo anunció el inicio de un sumario administrativo en la Junaeb para determinar eventuales responsabilidades en las fallas detectadas.

El programa busca beneficiar a estudiantes de establecimientos públicos y al 40% más vulnerable del sector subvencionado, por lo que la demora y las falencias en su ejecución generan especial preocupación entre las comunidades educativas.

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