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Preocupación e incertidumbre es la que tienen estudiantes y funcionarios del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos de Los Ángeles debido al cierre repentino de la institución, la cual mantiene sus puertas clausuradas desde julio pasado.
Esta situación ha acontecido en nueve de las 13 sedes que este establecimiento de educación superior tiene a lo largo del país, afectando a más de tres mil estudiantes en los IP-CFT que abarcan desde Quillota a Coyhaique. Además, son 182 trabajadores y más de 300 docentes quienes se han visto perjudicado ante este escenario, todo a raíz de una arista del caso Fundaciones (ver recuadro).
Debido a esto, alumnos de esta institución protestaron el pasado sábado en el centro de Los Ángeles para dar a conocer las problemáticas que están sufriendo, donde llevan ya cerca de tres meses sin volver a las clases.
Viviana Sepúlveda, alumna de Técnico en Educación Parvulario del IP-CFT Los Lagos en su sede en Los Ángeles, dialogó con diario La Tribuna para explicar su situación y la de sus compañeros y funcionarios de la institución.
"Me quedaba medio semestre para terminar mi carrera y de un día para otro nos dijeron que al rector le habían entregado estas platas que pasaron para las fundaciones y tras esto el instituto se cerró", dijo.
"Luego de eso la superintendencia (de Educación) se hizo cargo de nosotros, supuestamente íbamos a tener respuesta dentro de dos semanas, eso fue en agosto y recién ayer nos llegó un comunicado, el cual decía que todavía se están analizando los casos y aún no sabemos qué va a suceder".
Viviana Sepúlveda, además, trabaja en dicha institución, por lo que está teniendo problemas económicos para cubrir sus necesidades básicas del día a día.
"Estudio y trabajo en el lugar. Llevamos tres meses, estamos con licencias médicas y ahora no las están rechazando, ya que no tenemos las liquidaciones de agosto. Estamos bien preocupados, porque usted sabe que en una casa se ocupa dinero para solventar los gastos. Nos encontramos a la deriva, no sabemos qué hacer. Hicimos la denuncia a la Inspección del Trabajo, pero seguimos igual", manifestó.
Concejales de Los Ángeles abordaron esta situación en el Concejo Municipal del pasado martes 12 de septiembre. La concejala Paola Ortiz dijo que se propuso mandar un oficio a la Superintendencia de Educación a objeto de manifestar la inquietud y preocupación respecto a los problemas que están viviendo vecinos de la comuna tras el cierre del instituto.
"Es lamentable lo que está pasando, es una situación que afecta a nivel nacional a un grupo importante de personas de nuestra comuna y provincia. Tenemos alrededor de 90 personas que están estudiando más otros tantos que son los trabajadores de este Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica y la verdad que es preocupante, dado que ellos se han visto complicados con este caso convenios y lamentablemente están estancados sus estudios y no han tenido respuestas de la autoridad de educación competente", señaló a La Tribuna.
Respecto a diligencias que se están llevando a cabo, además de lo solicitado en el Concejo Municipal, Ortiz dijo que "hemos estado haciendo algunas gestiones, yo derivé los antecedentes a la Deproe local hace algunas semanas y todavía no me llega la devolución de aquellos. Y también estamos tratando de gestionar que nos reciban las autoridades regionales de educación, para que estos estudiantes y familias puedan obtener respuestas", cerró.
Este hecho está directamente relacionado al caso Fundaciones, debido a que el rector de este IP-CFT, Jaime Huincahue, se encuentra con prisión domiciliara en Osorno a raíz de una polémica trasferencia.
En concreto, la fundación Kimün, controladora del IP-CFT hasta julio de 2023 y de la cual Huincahue en su presidente, recibió un traspaso de $1.200 millones por parte del Gobierno Regional de Los Lagos, según consigna Ciper, el cual está en materia de investigación en el Ministerio Público.
A su vez, la Fundación Fundelin, que se quedó con la propiedad de este IP-CFT, también se ha visto involucrado en este caso, debido a que el representante legal de esta corporación y ex precandidato presidencial por la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, era el coordinador de este programa que debía ejecutar Kimün.
Tanto Ancalao como Huincahue se encuentran en prisión preventiva, lo que ha llevado al allanamiento de oficinas y computadores de este IP-CFT por parte de las policías, razones por las cuales las autoridades de esta institución decidieron no retomar las clases en el segundo semestre de este año.
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