Cuando beber y conducir no es opción

Las cifras de siniestros de tránsito asociados al consumo de alcohol en el conductor durante 2025 vuelven a instalar una discusión que, lejos de estar superada, mantiene plena vigencia en la provincia de Biobío.

Siete personas fallecidas y 238 lesionadas en 217 siniestros durante un solo año constituyen antecedentes que no pueden ser observados únicamente desde la perspectiva estadística. Son cifras que representan vidas interrumpidas, personas heridas y familias que debieron enfrentar consecuencias que, en algunos casos, probablemente se extenderán mucho más allá del momento en que ocurrió cada accidente.

La magnitud de los datos también adquiere especial relevancia al considerar que los siete fallecidos en la provincia representan el 46,7% de las 15 víctimas fatales registradas en toda la Región del Biobío por esta causa. Es decir, prácticamente una de cada dos personas que falleció en la región en siniestros asociados al alcohol en el conductor correspondió a la provincia de Biobío.

Los Ángeles concentró la mayor cantidad de hechos, con 99 siniestros, pero los fallecimientos se distribuyeron también en otras comunas. Cabrero y Nacimiento registraron dos víctimas fatales cada una, mientras Los Ángeles, Mulchén y Tucapel contabilizaron una.

Ese comportamiento territorial es relevante porque demuestra que no existe una única realidad que abordar. Las características de las rutas, los desplazamientos entre comunas, la actividad nocturna y los hábitos de conducción forman parte de un fenómeno que requiere respuestas permanentes y adaptadas a cada territorio.

También resulta significativo que 41 de las 238 personas lesionadas hayan sufrido heridas graves. Detrás de esa categoría estadística pueden existir largos períodos de recuperación, secuelas físicas, impactos laborales y familiares, además de costos que terminan siendo asumidos no solo por quienes protagonizan el siniestro, sino también por sus entornos y por el sistema público.

En este escenario, la fiscalización cumple un papel indispensable. Conaset plantea que los controles visibles generan un efecto disuasivo que puede superar el lugar específico donde se realizan. Incluso menciona que aplicaciones de navegación como Waze pueden advertir sobre su ubicación y, aun así, contribuir indirectamente a ampliar ese efecto preventivo.

Más allá de la herramienta tecnológica utilizada por los conductores, lo relevante de este planteamiento es que la fiscalización debe ser entendida también como una política de prevención. Su objetivo no debiera ser simplemente detectar y sancionar a quien infringe la normativa, sino conseguir que una persona desista de conducir bajo los efectos del alcohol antes de que esa decisión termine provocando un daño.

Pero ninguna fiscalización puede reemplazar la responsabilidad individual. Una aplicación puede advertir la presencia de un control, pero no puede impedir que alguien decida conducir después de beber. Tampoco existe un nivel de confianza en las propias capacidades que permita neutralizar los efectos del alcohol sobre la conducción.

Por eso, la prevención requiere algo más que controles ocasionales o campañas concentradas en determinados períodos del año. Requiere una conducta social que entienda que beber y conducir son decisiones incompatibles y que el riesgo no recae solamente sobre quien está al volante.

La seguridad vial no puede descansar únicamente en la capacidad de respuesta después de ocurrido un accidente. Debe comenzar mucho antes: en la decisión de no conducir cuando se ha consumido alcohol, en la disponibilidad de alternativas de traslado, en la educación, en la fiscalización y en una cultura que deje de considerar esta conducta como un riesgo exclusivamente personal.