“Ordenemos la cuenta”

La aprobación de la ley "Ordenemos la cuenta" no sólo permitirá estabilizar el sistema eléctrico y extender el subsidio para miles de familias durante 2027. También ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión de fondo que Biobío conoce desde hace décadas: el reconocimiento que merecen las comunas que sostienen una parte importante de la generación energética del país.

Las comunas cordilleranas de la provincia de Biobío han levantado esta demanda durante años, sosteniendo que el aporte realizado al desarrollo energético nacional no encuentra una contraparte equivalente en beneficios directos para sus habitantes.

Sin duda, la energía es un bien estratégico para Chile, pero también es una actividad que se desarrolla sobre territorios concretos, con comunidades concretas y con impactos que no siempre son visibles desde los niveles centrales de decisión. Si bien existe la Ley de Equidad Tarifaria, creada para evitar diferencias excesivas entre comunas y que contempla mecanismos de reconocimiento para aquellas zonas donde existe generación eléctrica relevante, la demanda de los territorios va mucho más allá. El debate apunta a determinar si esas compensaciones resultan suficientes frente a la magnitud de su contribución al sistema y a las legítimas expectativas de desarrollo de sus habitantes.

La nueva ley no fue diseñada para resolver esa discusión. Su propósito es otro: estabilizar el sistema, evitar alzas bruscas en las cuentas de electricidad y distribuir gradualmente una deuda que se arrastra desde años complejos para el país. Incluso, los parlamentarios que participaron en su tramitación han reconocido que la equidad territorial en materia energética corresponde a un debate distinto y aún pendiente.

Precisamente allí radica el principal desafío. Aprovechar este momento para impulsar una conversación seria sobre el modelo de desarrollo energético y su relación con los territorios que lo sostienen. No desde la confrontación ni desde promesas inviables de privilegios o beneficios excepcionales, sino a partir de mecanismos modernos de compensación, inversión local y fortalecimiento de las comunidades que conviven con esta actividad estratégica.

Biobío no sólo consume energía: también la produce. Y quienes hacen posible esa producción merecen que el desarrollo asociado a ella se refleje de manera más visible en sus territorios. La ley "Ordenemos la cuenta" responde a una necesidad inmediata del sistema eléctrico nacional; ahora corresponde avanzar en una discusión de largo plazo que permita compatibilizar seguridad energética, desarrollo territorial y una distribución más equilibrada de los beneficios que genera esta actividad.