El nuevo escenario del secuestro

Las cifras recientes sobre secuestros en el país obligan a una lectura que va más allá del impacto inmediato de la estadística. El aumento de causas ingresadas en tribunales —de 396 en 2024 a 420 en 2025— y el alza registrada en el Biobío, donde los casos pasaron de 28 a 41 en el mismo período, reflejan una realidad que comienza a mostrar mayor presencia en el panorama delictual.

Durante años, el secuestro fue considerado un delito de baja frecuencia en Chile, asociado principalmente a dinámicas internas del crimen organizado. Sin embargo, los antecedentes actuales muestran un escenario distinto, donde las víctimas ya no siempre están vinculadas a estas redes y los motivos se amplían hacia delitos de carácter económico, extorsiones u otras formas de criminalidad.

Este cambio plantea un desafío importante para las instituciones. En esa línea, el profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, advierte que esto obliga a adaptar la forma en que se entiende y aborda este tipo de delitos. A su juicio, también evidencia las dificultades operativas para investigarlos en sus primeras horas, cuando el trabajo coordinado resulta clave para su resolución.

En este contexto, la labor de equipos especializados en crimen organizado y homicidios ha sido un avance relevante. Estas unidades -explica el académico- han fortalecido la capacidad de reacción y la coordinación entre instituciones, aunque aún se requiere reforzar su dotación, recursos y capacidades técnicas para enfrentar un fenómeno en expansión.

A esto se suma la discusión sobre nuevas herramientas, como la eventual creación de un Observatorio de Secuestros, que podría contribuir a ordenar información y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, su impacto dependerá de su implementación efectiva y de su capacidad para transformarse en acciones concretas.

El aumento de los secuestros no puede ser leído solo como una cifra estadística. Es un llamado de atención sobre la evolución del delito en el país y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional. La seguridad pública requiere continuidad, coordinación y decisión para enfrentar fenómenos que ya no pueden ser considerados excepcionales.