Gasto público y celebraciones

El informe del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa el gasto municipal en celebraciones a nivel país, evidenciando que más de $31 mil millones fueron destinados a este tipo de actividades entre 2024 y 2025, con casos que superan los promedios nacionales y que, en algunos escenarios, incluso sobrepasan recursos orientados a ayuda social directa. En la provincia de Biobío, el análisis identificó a comunas como Los Ángeles, Cabrero, Laja y Mulchén dentro de este grupo, instalando un debate sobre la priorización y justificación del uso de fondos públicos en el ámbito local.

Según los datos del informe, en 2024, comunas como Los Ángeles, Laja, Cabrero y Mulchén superaron con holgura el promedio nacional de $51 millones en este tipo de actividades, mientras que, en 2025, al menos dos de ellas repitieron la tendencia, aunque con montos más acotados. En paralelo, el informe advierte situaciones donde el gasto en celebraciones incluso superó recursos destinados a ayuda social directa, un contraste que inevitablemente genera inquietud ciudadana.

No se trata de negar el valor de las actividades comunitarias. Las celebraciones —cuando están bien concebidas— cumplen un rol social relevante: fortalecen la identidad local, generan espacios de encuentro y contribuyen al bienestar emocional de la población. En territorios donde muchas veces el acceso a actividades recreativas o culturales es limitado, estas instancias pueden marcar una diferencia real en la calidad de vida.

Sin embargo, el problema surge cuando ese objetivo se desdibuja y el gasto pierde proporción o justificación. El propio órgano contralor manifestó que estos recursos deben estar estrictamente vinculados al interés general y a las funciones municipales. Cuando ello no ocurre, se abre una zona gris que debilita la confianza pública y expone a las administraciones a cuestionamientos.

Las respuestas de los alcaldes muestran matices, pero también una constante sobre la necesidad de contextualizar al respecto. Mientras algunos apelan a la herencia de administraciones anteriores, otros destacan reducciones recientes o llaman a la prudencia antes de emitir juicios. Son argumentos atendibles, pero que no deben desviar el foco principal sobre la obligación de administrar con rigor cada peso de recursos públicos.

En tiempos donde los recursos son escasos, la transparencia y eficiencia se vuelven cada vez más necesarias, demostrar con claridad el impacto real de cada gasto es sin duda un desafío que deben plantearse no sólo los municipios, sino que todo el aparato público.

La idea no es eliminar las celebraciones, sino reordenarlas bajo criterios de pertinencia, proporcionalidad y sentido público, que permita un equilibrio con aquellas urgencias sociales concretas; porque cuando el uso de los recursos públicos no logra sostener ese equilibrio, lo que se erosiona no es solo el presupuesto, sino también la confianza ciudadana en sus instituciones.