Estrategia de seguridad integral

Cuatro atentados incendiarios en menos de 48 horas volvieron a situar a La Araucanía en el centro del debate sobre la seguridad en la macrozona sur. Los ataques registrados el fin de semana en Vilcún, Carahue y Cunco dejaron maquinaria destruida y un mensaje inequívoco sobre la persistencia de un problema que lleva casi tres décadas sin solución estructural.

Desde 2014, el sector forestal ha sufrido más de 500 atentados que han destruido cerca de 1.800 equipos en un territorio que abarca La Araucanía, las provincias de Arauco y Biobío, Los Ríos y Los Lagos. Estas cifras representan no solo pérdidas económicas cuantificables, sino también la destrucción sistemática de fuentes de trabajo en toda la macrozona.

La violencia recurrente ha instalado un clima de temor que frena la inversión y paraliza el desarrollo regional. Cuando sectores productivos operan con horizontes de 20 años, la incertidumbre respecto de la seguridad básica se convierte en un factor disuasivo determinante. Esta realidad afecta no solo a empresarios forestales y agricultores, sino también a empresas de servicios y profesionales que consideran establecerse en la zona.

El Estado ha respondido con medidas reactivas que incluyen querellas por Ley Antiterrorista, presencia militar en parte del territorio y reuniones de emergencia. Sin embargo, estas acciones no han dado los frutos esperados.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de avanzar en una política robusta y de largo plazo que combine inteligencia policial preventiva, coordinación institucional efectiva y presencia territorial sostenida. Desde los gremios insisten, además, en que la complejidad del conflicto demanda un abordaje que incorpore el diálogo territorial y reconozca las necesidades de integración.

La responsabilidad no recae únicamente en el Ejecutivo o las policías. El Congreso debe proveer el marco legal necesario, las instituciones judiciales deben garantizar que las investigaciones concluyan en condenas efectivas, y los gobiernos locales deben coordinar con las autoridades regionales y nacionales. Esta articulación podría ser clave para romper con 28 años en los que no se ha encontrado una respuesta definitiva.

Los habitantes de la macrozona sur requieren un trabajo mancomunado que contribuya a revertir la violencia que, a estas alturas, ya se ha normalizado. Cada hecho de violencia refuerza la percepción de abandono estatal y debilita la confianza en las instituciones.