Violencia contra personas autistas

La reciente denuncia sobre las torturas sufridas por un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base San José de Osorno remueve profundamente a la opinión pública y, con mayor fuerza, a las familias y comunidades vinculadas a la neurodivergencia. El relato de agresiones sistemáticas —obligado a desnudarse, rapado en contra de su voluntad, quemado con vapor y burlado por sus propios compañeros de trabajo— es de una crudeza que estremece. Más aún cuando se confirma que un sumario interno en su momento no sancionó a los responsables y que solo ahora, tras la exposición mediática, el proceso fue reabierto.

No estamos frente a un hecho aislado, así lo advierte la académica de la Universidad de Los Andes, Sandra Urra, experta en educación e inclusión, quien advirtió -por medio de una columna- que lo que se visibiliza es un síntoma de prácticas normalizadas en los espacios laborales y sociales, donde la discriminación, el abuso y la violencia encuentran terreno fértil en la falta de protocolos claros, el silencio de testigos y la impunidad institucional. Lo que hoy conocemos ocurrió porque hubo registros; pero ¿qué pasa con las agresiones cotidianas que no quedan grabadas?

Por su parte, la agrupación TEAcompaña de Los Ángeles, reflexionó sobre otro punto, que dice relación en cómo estos hechos no solo hieren a la víctima directa, sino que transmiten un mensaje de inseguridad y desprotección a todas las familias que día a día luchan por inclusión real. La falta de sanciones y la tibieza en la reacción institucional representan un doble castigo, porque consolidan la idea de que la vulneración de derechos de una persona autista no es suficientemente grave para ameritar justicia inmediata.

La inclusión no puede seguir siendo un concepto decorativo para informes o fotografías en redes sociales. No basta con cumplir cuotas de contratación o metas de acceso, incluir es garantizar dignidad, participación y respeto. Significa reconocer a la persona en toda su humanidad y comprometerse activamente en la construcción de comunidades seguras.

No podemos relativizar ni pasar por alto lo ocurrido. Lo visto en Osorno debe ser un punto de inflexión, más allá de lo jurídico, en toda la sociedad, porque la responsabilidad es colectiva.

Como país debemos dar señales claras de que el odio y la discriminación no tienen cabida en nuestros espacios de trabajo, en nuestras instituciones ni en nuestra vida social. Y eso no se logra con complacientes donde la inclusión se adorna como si fuera un regalo.  La inclusión es un derecho y protegerlo, es una obligación de todos y todas.