Robo de madera y formalización de empresas

La formalización histórica de siete empresas madereras por el delito de receptación de madera marca un precedente en la lucha contra este delito en la Macrozona Centro Sur. Por primera vez, el Estado optó por perseguir no solo a quienes operan en los predios usurpados, sino también a quienes forman parte o se han visto involucrados en la cadena comercial que sustenta esta actividad criminal.

La decisión del fiscal Enrique Vásquez de formalizar personas jurídicas por receptación constituye un cambio paradigmático que, como él mismo explicó, apunta a "romper la cadena de producción del delito" y a perseguir "a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito".

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reconstruyó en 2023 cómo la madera robada en la región del Biobío era "lavada" mediante facturas falsas y reingresada al mercado formal, para luego ser vendida a empresas con certificación FSC de cadena de custodia.

Por ello, tras la formalización, un parlamentario de la región de La Araucanía aseguró que no se trata de casos aislados y que existen "muchos más" involucrados en este tipo de delitos dentro del rubro. Incluso, enfatizó que habría gente "muy conocida a nivel nacional", lo que plantea una manifiesta necesidad de que se mantenga la presión investigativa sobre el entramado comercial que hace posible el robo de madera.

El éxito de esta estrategia judicial dependerá de su continuidad y expansión. La Fiscalía anunció que formalizará próximamente tres empresas adicionales, señal de que la investigación mantiene su momentum. Sin embargo, para avanzar con firmeza se requerirá de la colaboración del sector maderero y de un cambio cultural en favor de la transparencia en el origen de los productos, por sobre cualquier consideración comercial.

La ciudadanía aguarda lo que determine la justicia en estos casos, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las empresas formalizadas. Pero mientras se desarrollan las investigaciones, el sector maderero tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la legalidad y reforzar sus mecanismos de trazabilidad y transparencia en las cadenas de suministro. Todo aquello sumará al proceso de reconstrucción de la paz social en la Macrozona Centro Sur del país