Licencias y finanzas municipales

El duodécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República pone en tela de juicio la sustentabilidad de las comunas. En total, se pagaron $388 mil millones por licencias médicas en 2024, una cifra alarmante que supera los $225 mil millones que el Gobierno Regional del Biobío solicitó a la Dirección de Presupuestos para toda la inversión regional de 2026.

La región del Biobío emerge como una de las zonas más críticas del país, con un aumento de 325% que supera el promedio nacional de 321%. Los $67 mil millones gastados regionalmente revelan una crisis que trasciende casos aislados y se extiende por toda la provincia de Biobío.

Los Ángeles, que se ubicó como segunda comuna del país en montos absolutos con $8.960 millones, concentra el 13,5% del gasto regional. Los principales desembolsos se focalizan en educación, con $4.736 millones, y en salud municipal, con $3.581 millones, el mayor monto nacional en esta área. En tanto, Negrete pasó de $143 millones en 2015 a $1.047 millones en 2024, cifra que constituye un 9,9% de su gasto en personal.

Según Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el fenómeno se produce porque las comunas terminan gastando "tres veces lo que debía ser una vez" cuando deben contratar reemplazos que también terminan ausentándose por razones médicas. Las herramientas de control son insuficientes: los municipios solo pueden enviar antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) después de 180 días de licencia, un plazo excesivo para un problema que requiere supervisión inmediata.

El caso denunciado por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quien logró identificar a cinco médicos que emitieron más de 2.500 licencias exclusivamente a funcionarios municipales en dos años, refuerza las sospechas de mal uso del instrumento público surgidas en el marco del llamado Caso Licencias.

La magnitud del problema provincial exige una investigación exhaustiva, comuna por comuna. Se requiere determinar cuáles son los factores estructurales con mayor injerencia en el fenómeno y si existe correlación entre el aumento de licencias y factores de gestión, de dotación de personal o presencia de redes médicas particulares.

A estas alturas se vuelve necesaria la realización de auditorías específicas para cada comuna, la revisión de los procedimientos de control internos y la implementación de sistemas de alerta temprana. El Estado debe entregar una respuesta integral.