Salud dental postergada

La atención dental pública de Los Ángeles vive una situación crítica que desnuda falencias estructurales en nuestro sistema de salud. La demora en la transferencia de fondos ministeriales —cerca de $500 millones comprometidos para programas odontológicos— ha obligado a suspender la atención dental en los siete Cesfam de la comuna, dejando a cientos de pacientes sin tratamiento y a decenas de profesionales sin labores.

Dichos programas incluyen "Más sonrisas para Chile" y "Sembrando sonrisas", junto con la atención odontológica integral para adultos mayores de 60 años y adolescentes de enseñanza media.

Las autoridades locales fueron claras: no se trata de una decisión municipal, sino de un problema a nivel central. Los recursos destinados al "Programa complementario de reforzamiento odontológico en la APS" permanecen en trámite administrativo de toma de razón. Esta lentitud en la ejecución presupuestaria dejó en pausa prestaciones de salud ya planificadas.

Los testimonios reflejan la gravedad del impacto. "Nos notificaron el 4 de junio de la suspensión, sin claridad de cuándo podríamos retomar funciones", relata una odontóloga a honorarios, quien junto con sus colegas quedó con contratos "suspendidos pero no terminados", es decir, sin trabajo, sueldo, indemnización ni certeza alguna.

Cientos de pacientes que tenían hora o estaban en medio de un tratamiento han visto canceladas sus atenciones. Para quienes dependen del sistema público, esta es su única puerta de entrada a la salud bucal.

En Chile, donde el 50% de la población tiene caries sin tratar, la atención odontológica no puede ser un lujo. Una boca sana permite alimentarse, hablar, sonreír y vivir con dignidad.

El problema trasciende a Los Ángeles. La odontología pública sufre de cobertura insuficiente y una disparidad enorme respecto del sector privado. Chile tiene más de 30 mil dentistas, pero solo unos 4 mil trabajan en el sector público, que atiende cerca del 80% de la población. Las listas de espera odontológicas superan las 490 mil personas a nivel nacional, con esperas medianas de ocho meses para consultas de especialidad.

A pesar de las Garantías Explícitas en Salud, la cobertura real sigue siendo limitada, y solo un 30% de los chilenos accede regularmente al odontólogo. El factor determinante es el dinero: ir al dentista en Chile es caro, y no existe un mecanismo amplio de aseguramiento público.

Lo sucedido en Los Ángeles profundiza estas brechas. Las familias de escasos recursos que ya enfrentan dificultades para acceder a un dentista, ahora pierden el único espacio gratuito que tenían. Cada mes de retraso puede significar un diente menos salvable o una lesión cariosa que se agrava.

Es urgente que el Ministerio de Salud revise los mecanismos administrativos que llevan a este tipo de atascos: ¿por qué convenios tan importantes comienzan recién a mitad de año? ¿Por qué su financiamiento no estaba asegurado oportunamente en marzo? La planificación en salud no puede supeditarse a esa lentitud.