Impacto de la violencia en servicios esenciales

La escalada de hechos delictuales que ha golpeado a la provincia de Biobío en los últimos días ha alcanzado niveles preocupantes, debido a sus repercusiones en el normal funcionamiento de los servicios públicos claves para la vida comunitaria, como es el caso de los recintos educacionales y de salud.

La balacera registrada en avenida Ercilla con calle Tucapel no solo dejó a una persona herida, sino que obligó a evacuar las escuelas aledañas, afectando directamente a estudiantes que estaban en clases, lo que, claramente, es una bofetada a la convivencia ciudadana.

Como si no fuera suficiente, funcionarios y usuarios del Cesfam Sur "Dr. Pablo Murúa Barbenza" se han visto expuestos a una seguidilla de episodios violentos que incluyen agresiones, robos, daños a la infraestructura e incluso la irrupción de personas armadas con machetes.

La Dirección Comunal de Salud se ha visto obligada a restringir la atención a puertas cerradas, lo que evidencia nuevamente que la violencia ha alcanzado tal magnitud que ha forzado la interrupción de un servicio de salud fundamental, afectando a la población más vulnerable.

Frente a este escenario, no podemos mantenernos indiferentes. La violencia no solo daña a sus víctimas directas, también hiere a toda la comunidad, quebranta la confianza pública y amenaza con paralizar servicios esenciales como la salud y la educación. Peor aún, pone en jaque el principio fundamental de que el Estado —a través de sus instituciones— debe garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de todos y todas.

La violencia no puede ni debe torcer el rumbo de la institucionalidad. No podemos aceptar que las escuelas deban evacuar por temor, que los centros de salud deban cerrar sus puertas o que nuestras calles sean zonas liberadas para el delito. Las instituciones deben ser resguardadas, fortalecidas y apoyadas, y quienes están llamados a proteger a la ciudadanía —Carabineros, la Policía de Investigaciones, los municipios, la justicia— deben contar con todas las herramientas para hacer su trabajo de forma efectiva y oportuna.

La comunidad también tiene un rol fundamental: denunciar, organizarse, proteger los espacios públicos y exigir con firmeza que el crimen no dicte las reglas de convivencia.

Es momento de actuar con decisión, sin claudicar ante el miedo, porque lo que está en juego no es solo la tranquilidad de nuestros barrios y vecinos, sino la esencia misma de la vida democrática.