Baja confianza en la administración pública

El reciente Estudio de Confianza 2025, elaborado por PwC Chile y la Universidad Diego Portales, advierte que la administración pública es el sector peor evaluado por los ciudadanos, con una nota promedio de apenas 4,5 en una escala de 1 a 10. Este puntaje, muy distante de los promedios de la minería (6,2) o el comercio (6,1), reafirma lo advertido en noviembre de 2024 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Ministerio de Hacienda, cuando determinaron que solo el 24% de los ciudadanos confiaba "alta o moderadamente" en lo público.

Esta crisis de credibilidad no es una novedad coyuntural, sino parte de una desafección estructural acumulada por décadas. Informes del Centro de Estudios Públicos (CEP) destacan que, en las últimas dos décadas, la confianza institucional en Chile ha sido consistentemente baja en comparación con la OCDE.

A lo largo de estos años, sucesivos casos de corrupción y una burocracia lenta e ineficiente han corroído sistemáticamente la fe en las instituciones. De hecho, el CEP subraya que la confianza ciudadana se sustenta en la integridad y transparencia de las autoridades: cuando la gente percibe opacidad, nepotismo o abusos, pierde toda garantía de que el Estado actúa para el bien común.

El estudio de PwC y la UDP pone además de manifiesto una brecha de percepción entre dirigentes y ciudadanos. Las autoridades suelen asumir que sus gestiones gozan de apoyo, mientras la opinión común coincide en que hace falta más probidad y eficacia. Esta desconexión agrava la crisis y confirma que el discurso oficial no coincide con la experiencia cotidiana del ciudadano.

Frente a este preocupante diagnóstico, el Estado debe adoptar medidas inmediatas para recuperar la legitimidad institucional. En primer lugar, se necesita rendición de cuentas efectiva: transparentar la gestión pública, sancionar ejemplarmente a los responsables de irregularidades y fortalecer los organismos contralores. Parte de ello ya ha sido anunciado en el marco del escándalo por las licencias médicas y los viajes al exterior.

En segundo lugar, es imprescindible mejorar la atención ciudadana: simplificar trámites burocráticos, implementar sistemas digitales eficientes y orientar la administración al servicio de la gente, puesto que la eficiencia es la mejor arma contra la desconfianza.

Como enfatiza el CEP, solo con mecanismos de transparencia, integración y participación se podrá reconstruir la confianza social. Nuestra región del Biobío no es ajena a esta realidad, por lo que recuperar la probidad y la eficiencia en la administración pública es condición indispensable para avanzar.