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Filtraciones judiciales y fragilidad institucional

por La Tribuna

justicia, tribunal, castigo, ley / Pixabay

La democracia exige luz, pero no toda luz es transparencia. Nuestro país ha sido testigo de la filtración sistemática de antecedentes reservados desde el interior del Poder Judicial, lo que ha afectado a parlamentarios, alcaldes, exministros y hasta al propio presidente de la República.

El caso del fiscal Patricio Cooper, quien habría divulgado escuchas telefónicas que involucraban al presidente de la República sin contar con una imputación formal ni autorización judicial, es un ejemplo de esta creciente laxitud que, según los expertos, puede comprometer la seguridad nacional y revelar información sensible del Estado.

Y no solo ha ocurrido en las esferas de poder. Este lunes, la opinión pública se vio nuevamente conmocionada por la filtración de un informe del Servicio Médico Legal sobre el caso de Tomás Bravo pese a encontrarse bajo reserva judicial. El documento, que fue duramente criticado por la madre del menor, fue dado a conocer incluso antes de que fuera exhibido a los jueces, según relató la fiscal regional Marcela Cartagena.

Este nuevo caso pone sobre la mesa, nuevamente, una vulnerabilidad institucional grave: incluso los informes técnicos más sensibles y que forman parte de investigaciones reservadas pueden terminar en manos de la opinión pública. ¿Cómo se resguardan, entonces, los derechos de las víctimas, el principio de inocencia de los investigados y la integridad del proceso judicial?

Aunque la ciudadanía tiene derecho a estar informada, este debe ejercerse con responsabilidad y dentro del marco legal. La divulgación de información confidencial sin autorización judicial no solo vulnera el debido proceso, sino que también convierte a la justicia en espectáculo y amplifica la revictimización, especialmente, en causas de connotación sexual.

No es solo una cuestión de ética, sino también de confianza institucional. Según la última encuesta Signos, un 98,2% de los encuestados cree que existe tráfico de influencias al interior del Poder Judicial; un 78,8 % asegura tener menos confianza en el sistema judicial en comparación con el año anterior; y un 93,1% atribuye esa desafección a la recurrencia de esta clase de filtraciones.

Para poner freno a esta seguidilla de hechos, la Comisión de Constitución del Senado ya inició el debate de un proyecto de ley que pretende sancionar la divulgación no autorizada de información confidencial, para proteger tanto la reserva investigativa como sus avances. Esta discusión, que involucrará a expertos y fiscales, debería constituir un primer paso en la búsqueda del equilibrio entre transparencia y confidencialidad.

En una democracia, la rendición de cuentas es fundamental. Sin embargo, esta debe ejercerse sin comprometer la legitimidad de las instituciones, los derechos fundamentales de las personas y, sobre todo, la seguridad del Estado.

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