Paro docente y advertencia al Gobierno

El paro nacional por 24 horas efectuado este jueves por el Colegio de Profesoras y Profesores vuelve a situar en el centro del debate a uno de los pilares más sensibles del país: la educación de niños, niñas y adolescentes. La paralización, que dejó a miles de estudiantes sin clases, fue anunciada como una señal preventiva. Sin embargo, el gremio no descartó pasar a una huelga indefinida si el Gobierno no entrega respuestas concretas a su "agenda corta": una lista de seis demandas que reflejan tensiones arrastradas por años.

Entre los puntos más urgentes figuran la titularidad para los docentes a contrata, el reconocimiento del rol del profesor jefe, la reducción del agobio laboral, mejoras en el sistema de carrera, medidas frente a la violencia escolar y mayor financiamiento para los servicios locales de educación. El órgano colegiado ha insistido en que, pese a los diálogos iniciados, no ha habido la celeridad necesaria del Ejecutivo.

Expertos en educación reconocen la legitimidad de estas demandas, al señalar que el   agobio laboral y la incertidumbre afectan tanto a docentes como a estudiantes y sus   familias. Sin embargo, también advierten que las paralizaciones generan incertidumbre en las comunidades educativas, afectando la planificación y el bienestar de los alumnos.

Basta recordar las consecuencias que tuvieron tanto el paro de 2019, que se extendió por más de 50 días, como la paralización indefinida de 2023, donde la deuda histórica con el profesorado fue el principal eje del conflicto. En ambos casos, el costo mayor recayó sobre  los estudiantes, sobre todo, en los más vulnerables. Las clases perdidas -que se suman a las interrupciones y retrasos derivados de la pandemia- han ampliado brechas y generado mayor incertidumbre en miles de familias.

El efecto de este tipo de conflictos, aunque legítimos desde la óptica laboral, excede a sus protagonistas. Por eso, resulta necesario abordar el tema desde una mirada más amplia, que centre la atención en cómo avanzar sin que sean los estudiantes quienes carguen con las consecuencias.

En esta discusión no hay buenos ni malos. Hay, sí, responsabilidades. El profesorado tiene derecho a condiciones dignas y a un reconocimiento efectivo de su labor, especialmente cuando el agobio laboral es un fenómeno documentado y transversal. Pero también existe una obligación social de proteger el derecho a la educación, y esa es una tarea colectiva.

Donde sí recae una responsabilidad clara es en la conducción del conflicto. El Gobierno debe evitar que este malestar escale a una paralización indefinida, porque ya sabemos -por la experiencia reciente- que esa vía termina por dañar profundamente el sistema educativo. Conducir no es solo negociar, sino anticipar, priorizar y comunicar con claridad.

Si algo nos enseñaron los paros anteriores es que no hay reformas educativas posibles si no se pone a los estudiantes en el centro. Por eso, cualquier solución debe construirse en función de ellos. No para usarlos como argumento, sino para que nunca más su derecho a prender se vea condicionado por conflictos que, aunque urgentes, deben resolverse por

la vía del diálogo y la responsabilidad compartida.