Seguridad en el Biobío: cifras a la baja, temor al alza

Las estadísticas de criminalidad reveladas por el último boletín del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo (Faro UDD) ponen en evidencia una paradoja que los datos, por sí solos, no logran resolver. Aunque entre 2017 y 2024 los delitos denunciados disminuyeron un 27%, los homicidios aumentaron en un 47% en el mismo período, pasando de 3,1 a 4,5 por cada 100 mil habitantes. Este incremento posiciona a la Región del Biobío como la tercera con mayor tasa de homicidios proyectada para 2024.

Por auspiciosa que resulta esta disminución en los delitos convencionales —con bajas significativas en robos violentos (-37%) y hurtos (-43%)—, el aumento en los asesinatos socava cualquier percepción de mejora en la seguridad pública, especialmente cuando Los Ángeles concentra el 70% de los casos registrados en la provincia durante el último año. A ello se suma un fenómeno alarmante: los delitos asociados al uso de armas de fuego se duplicaron, pasando de 373 a 748 casos, evidenciando una criminalidad más violenta y organizada.

La violencia, que antes se percibía como un hecho aislado, comienza a adquirir rasgos de normalidad, particularmente en zonas donde el control territorial por parte de grupos armados deja una huella visible en la vida cotidiana de las comunidades. Esta transformación del delito, más evidente en las comunas urbanas e intermedias, exige repensar la respuesta institucional más allá del plano estadístico.

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana de 2024, más del 87% de la población se siente insegura. Esta percepción se alimenta de una memoria reciente marcada por los repuntes delictivos de 2022 y 2023 —tras el levantamiento de las restricciones sanitarias— y por el impacto persistente que generan los delitos de alta connotación. Cuando la violencia se instala en la agenda pública, resulta difícil para la ciudadanía confiar en el relato de la disminución delictual, por muy fundamentado que esté en los datos.

El desafío para las autoridades es triple: consolidar la baja de los delitos convencionales, contener los de mayor gravedad y recuperar la confianza ciudadana. Este avance requiere más que voluntad política: demanda estrategias focalizadas por territorio, el fortalecimiento de las labores policiales y de investigación, la recuperación ágil de los espacios públicos y privados, y un mayor esfuerzo comunicacional que permita interpretar los datos en su justa medida.

La seguridad no es un estado alcanzado, sino un proceso permanente, que debe sostenerse con instituciones sólidas, en la justicia efectiva y la presencia estatal en todo el territorio.

En este contexto, urge que el Congreso demuestre voluntad real para aprobar leyes clave en materia de seguridad. La Ley de Seguridad Municipal, largamente solicitada por los alcaldes de Biobío, avanza con lentitud en el Senado. A su vez, el fast track legislativo impulsado por el Ejecutivo, que incluye 32 iniciativas prioritarias, presenta avances dispares, con la mayoría de sus proyectos estancados en ambas cámaras.

La ciudadanía espera acciones concretas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como una revisión urgente y con altura de miras de cada propuesta. Porque tan importante como reducir las cifras es generar un clima de cooperación y responsabilidad entre quienes, desde distintas veredas políticas, buscan construir un Chile más seguro y justo.