Homicidios en la región y Chile: Inquietante reflejo de la violencia

El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2024, elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos y conocido en los últimos días, permite extraer inquietantes conclusiones sobre la realidad de la violencia en nuestro país.

Si bien el informe destaca a nivel nacional una disminución absoluta de 42 víctimas y una reducción relativa del 4,8% en la tasa de homicidios en comparación con 2023, una mirada más detenida a las cifras, especialmente en la región del Biobío, nos obliga a expresar preocupación e insistir en el llamado a tomar acciones concretas y oportunas para hacer frente a este flagelo.

El informe revela que, durante 2024, se registraron 1.207 víctimas de homicidios consumados en Chile, lo que equivale a una tasa de 6,0 por cada 100.000 habitantes. La concentración de estos hechos en regiones como la Metropolitana (45,7%), Valparaíso (11,1%) y Biobío (9,3%), nos sitúa como región en un foco de preocupación a nivel nacional.

Si bien Biobío mantuvo la misma cantidad de víctimas de homicidios consumados entre 2023 y 2024, con 112 casos en ambos años, la persistencia de esta cifra, sumada a la alta proporción a nivel nacional, no puede ser motivo de consuelo.  La evolución del número de estos delitos en los últimos siete años también es altamente significativa: durante 2018 se registraron 58 homicidios en la Región y 69 durante 2019.

Estas cifras -y las circunstancias asociadas a estos delitos- son claro reflejo de una fuerte presencia de la criminalidad organizada y de armas de fuego en poder de delincuentes.

Es fundamental que las autoridades regionales y nacionales, así como la sociedad en su conjunto, tomemos los resultados de este informe como un llamado urgente a la acción.

Se requiere avanzar en una mayor inversión en estrategias de prevención del delito a nivel local, con un enfoque en los factores de riesgo que alimentan la violencia, especialmente entre los jóvenes, así como el fortalecimiento de las policías y el Ministerio Público para la investigación y persecución efectiva de los homicidios, desarticulando las bandas criminales y llevando a los responsables ante la justicia.

Se suma la necesidad de contar con políticas públicas integrales que aborden las problemáticas sociales subyacentes a la criminalidad, como la falta de oportunidades, la exclusión y el acceso a drogas y armas.

Respuestas de corto, mediano y largo plazo deben avanzar paralelamente si queremos de una vez por todas marcar un cambio de tendencia en una evolución criminal que debe preocuparnos a todos.