Preocupante escalada delictiva

Dos hechos policiales registrados en las últimas horas en Los Ángeles revelan un preocupante patrón, con implicancias que van mucho más allá de la natural inquietud que causa la ocurrencia de cualquier hecho que pone en riesgo la seguridad ciudadana.

El primero de ellos ocurrió en Villa Galilea, donde un asalto a mano armada a un local del sector dejó a un comerciante gravemente herido y en riesgo vital, derivando luego en un enfrentamiento entre un carabinero de franco y los delincuentes. El segundo se registró la noche del jueves, en avenida Las Industrias, donde desconocidos ingresaron a robar a una empresa y, luego de su huida, se enfrentaron a tiros con efectivos policiales, dejando a uno de los carabineros heridos.

En primer lugar, esto se vincula a la sensación de vulnerabilidad y consecuente temor que se apodera de los habitantes de sectores de la ciudad donde -según el testimonio de dirigentes vecinales- este tipo de hechos se ha vuelto recurrente.

Esto se traduce en un importante deterioro de la calidad de vida de todos quienes deben convivir con el miedo a ser víctimas o testigos de situaciones similares, más aún cuando, en el primero de los casos, la tensión se trasladó incluso a un recinto asistencial donde uno de los delincuentes, herido durante el asalto, se vio obligado a acudir en búsqueda de atención de salud. 

A esto debe sumarse que en la actualidad los delincuentes no dudan en usar sus armas de fuego contra carabineros o quien se interponga en su camino, fenómeno que no podemos pasar por alto. Lo que antes eran excepciones, ahora parece ser la norma y hay que tener muy claro que no solo se trata de actos de delincuencia común, sino de un recrudecimiento de la violencia que se asocia a las dinámicas del crimen organizado y que revela una alarmante pérdida de respeto por la autoridad y la vida misma.

Frente a estos hechos es evidente que la seguridad pública debe ponerse en primera prioridad de la agenda política y el Estado, en su conjunto -como garante del orden y la protección de sus ciudadanos- debe actuar con rapidez y decisión.

Si no enfrentamos este desafío con seriedad y sentido de urgencia, corremos el riesgo de que la delincuencia siga escalando y, con ello, que el temor se apodere todavía más de nuestra sociedad. 

La seguridad es un derecho fundamental que no puede esperar y las autoridades

-a todo nivel- deben actuar con decisión para devolver a la ciudadanía la paz que merece. Sin una determinación clara y categórica para hacer frente a este problema, la violencia seguirá creciendo, y el costo lo pagarán, como es habitual, los más vulnerables.