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Nuevo atentado incendiario en Alto Biobío

por La Tribuna

Atentado Cauñicu Alto Bío Bío / Cedida

Si hay algo que caracteriza a la zona de Alto Biobío es que su escarpada geografía solo permite el acceso por un camino principal. Una vez que se llega a Ralco, que funciona como cabecera regional y primer centro de servicios para el territorio, la ruta de divide en dos. Una continúa la senda por el cajón del río Queuco y la otra por el cajón del Biobío hasta llegar a las más altas cumbres cordilleranas. Los caminos alternativos para internarse en esos recónditos parajes son muy complejos de circular y solo están habilitados cuando lo permite la época de verano.

Desde el punto de vista de la elaboración de una estrategia de seguridad efectiva, esa condición es tremendamente útil para llevar a cabo un control exhaustivo de todos quienes entran y salen en el territorio.

Sin embargo, llama la atención que el último atentado incendiario ocurriera frente a la escuela internado de Cauñicú, unos 20 kilómetros al interior de Ralco por el cajón del Queuco, que se destruyeran camiones y maquinarias que trabajaban en la mantención de los caminos cordilleranos y que no se tenga ningún antecedente acerca de los posibles responsables.

Desde las autoridades se habló de reactivación de grupos radicalizados y se anunció el refuerzo de los patrullajes y la presencia militar en esta zona, en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia vigente en la provincia de Biobío.

Sin embargo, pese a declaraciones, lo cierto es que nuevamente ese territorio es afectado por incidentes violentos, como ha venido sucediendo hace varios años y sin que arrojara resultados positivos respecto de los autores.

Hace poco más de 20 años, sin que hubiese estado de excepción de constitucional de por medio para reforzar la seguridad, fue la geografía cordillerana la que permitió a la justica establecer que Víctor Ancalaf fue el responsable del ataque que destruyó camiones que operaban para una empresa contratista de Endesa, que construía la central hidroeléctrica Ralco. Las policías establecieron que Ancalaf, uno de los líderes de la Coordinadora Arauco - Malleco en ese tiempo, debió buscar alternativas para trasladarse hasta esos confines y perpetrar esa acción, razón por la cual pudo ser rastreado y tener las evidencias que lo condenaron a cinco años de prisión.

La labor investigativa fue fundamental en ese tiempo para aclarar ese ataque que se enmarcó en la oposición a la construcción de la planta hidroeléctrica. Tarea frente a lo cual se ha estado claramente al debe en los últimos años.

Existe coincidencia en que la inteligencia policial no ha estado a tono de lo que sucede, no solo en Alto Biobío, sino que en toda la Macro Zona Sur. Si bien ha disminuido la cantidad de hechos delictuales en los últimos 12 meses, los resultados de las indagaciones han sido completamente infructuosos. No se han reportado detenciones ni mucho menos de juicios en contra de sospechosos. Nada.

En la zona cordillerana de la provincia de Biobío, debido a su particular geografía, es mucho más posible realizar un control más efectivo en quienes entran y salen al territorio, de manera que se produzca un resguardo suficiente que impida atentados de esas características, y no solo de lamentar sus consecuencias.

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