Deudas por pensiones de alimentos

Los datos entregados por el Servicio de Registro Civil son ilustrativos de una realidad que, aunque existente por décadas, recién se visibilizó a raíz de lo que fueron los sucesivos retiros del 10% de los fondos previsionales: las enormes deudas por concepto de pago de pensiones de alimentos.

De acuerdo al informe fechado hasta el 10 de julio pasado, dicho registro alcanzó los 112 mil 746 morosos inscritos, cuyo monto de deuda supera los 100 mil millones de pesos en total. Hay que hacer presente que se trata solo de los casos que han sido denunciados por los tribunales de familia (hay una cifra no cuantificada que no ha sido llevada a la justicia).

Las afectadas, en su inmensa mayoría, son las mujeres quienes antes debían asumir en solitario la demanda por el pago de pensión de alimentos de sus hijas e hijos y la persecución de información financiera del deudor. Para ser más precisos, del total de deudores, 109.248 son hombres (equivalente al 96,90% de los inscritos), mientras que solo 3.490 son mujeres (correspondientes al 3,10%).

Es que antes, un dato tan básico como la dirección del demandado, se convertía en un verdadero dolor de cabeza debido a que la justicia exige que las notificaciones se envíen a dicho domicilio. Sin embargo, muchos hombres no eran habidos o cambiaban permanentemente su dirección con el propósito de evitar los requerimientos de tribunales. Y así podían pasar años sin que siquiera se consiguiera iniciar el procedimiento para cobrar las pensiones de alimentos.

Las pensiones impagas no solo vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes, sino que también ejercen violencia económica sobre las madres.

Por otro lado, el informe entregado por el Registro Civil sostuvo que la deuda nacional superó los 102 mil millones de pesos. En este sentido, solo en la Región Metropolitana hubo más de 36 mil 812 millones de pesos en deuda alimenticia. La segunda deuda más alta se registró en la Región del Maule con 14 mil 652 millones de pesos; seguida por la Región de Coquimbo con más de 10 mil 678 millones de pesos; luego la Región de O'Higgins con 8 mil 274 millones de pesos; y por último la Región del Biobío con 7 mil 333 millones de pesos.

Otro dato importante que se reflejó en el informe tiene que ver con la cantidad de cancelaciones, ya que la cifra hasta la fecha es de 6.949 personas. La lista la lidera la Región Metropolitana con 1.740; seguida de Valparaíso con 1.026 y, por último, la Región del Biobío con 981.

Además del registro de morosos, en mayo comenzó a regir la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, que establece un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos adeudadas; mejora el acceso a la información financiera de los deudores haciendo responsable al Estado de investigar los fondos disponibles en las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros y/o de inversión que el deudor posea y garantiza que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad.

Si existe al menos una mensualidad de pensión de alimentos adeudada se podrá solicitar al tribunal que ordene la búsqueda activa de patrimonio, a través de una medida de retención de fondos que el deudor tenga en cuentas bancarias, instrumentos financieros y de inversión, cuentas de ahorro previsional voluntario.

En suma, lo importante es que frente a esta realidad que fue develada a raíz de los retiros de las AFPs, el Estado - a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial - se puso manos a la obra y generó los mecanismos que ahora permiten que los deudores de pensiones de alimentos cumplan con su responsabilidad.