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Delincuencia

por Prensa La Tribuna

Fue hace un año que la violencia ligada al narcotráfico y el crimen organizado en la ciudad de Los Ángeles mostró su peor cara. En un hecho sin precedentes en la historia delictual local, el asesinato a balazos de un joven de 18 años en el sector de la Laguna Esmeralda desencadenó una serie de episodios particularmente violentos, con intensos tiroteos en distintos puntos de la capital provincial e, incluso, el incendio intencional de una vivienda en el sector de Santa Clara, en el área nororiente.

Esa jornada de violencia estuvo precedido de una retahíla de incidentes similares en los últimos dos años, cuyo común denominador era el uso de armas de alto poder de fuego ligado a batallas por el predominio de territorios entre bandas de narcotraficantes rivales.

Debieron pasar poco menos de 30 días para que un impresionante operativo de la Policía de Investigaciones se dejara caer sobre una veintena de viviendas en distintos puntos de la ciudad y se detuviera a más de una quincena de sospechosos, además de incautarse 20 kilos de droga, armas de alto poder de fuego y más de 13 millones de pesos en dinero en efectivo.

Desde ahí en adelante, los incidentes violentos relacionados al narcotráfico han tenido una disminución importante en Los Angeles, aunque todavía están lejos de terminarse debido a que a la captura de un jefe delictual, siempre hay otro dispuesto a ocupar su territorio.

Este comentario viene a cuento a propósito de que en días recientes se volvió a producir un hecho policial que causó profunda conmoción por el alto nivel de preparación. Un número indeterminado de delincuentes, en una operación perfectamente coordinada (se incendiaron vehículos en todas las vías de acceso y se arrojaron miguelitos a la calle), asaltaron las instalaciones de una empresa de tabacos y se llevaron un cargamento de cigarrillos y algo de dinero en efectivo. Al cabo, un botín pírrico para semejante nivel de planificación delictual.

Ambos incidentes (marzo del 2022 y 2023) nos deben hacer comprender que no se puede bajar la guardia en ningún momento para frenar el operar de bandas delictuales, cuyo actuar siempre violento y sin dilaciones, se convierta en un problema de seguridad pública.

Los recientes cambios en la legislación para entregar de herramientas más efectivas y eficaces para perseguir al crimen organizado, que solo están esperando su promulgación para comenzar a regir en propiedad, son un paso importante pero no puede ser el único. Es necesario perseverar en normativas que sean más robustas y atingentes para la persecución penal, de tal forma de tratar de ser capaces de responder a las nuevas estrategias que los delincuentes echan a andar para cometer sus fechorías. Hay que inyectarle todos los recursos que sean necesarios para que las villas, parques y poblaciones vuelvan a ser de los vecinos y no estén en manos de traficantes. Es un desafío gigantesco que cada vez que sucede un hecho policial grave, nos viene a refrescar la memoria reciente sobre la urgencia de responder a la necesidad de seguridad que clama una comunidad completa.

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