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Editorial

Estado de excepción


 Por La Tribuna

La Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) se ha encargado de llevar un registro pormenorizado de cada uno de los incidentes ocurridos en la Macrozona sur, abarcando no solo los episodios que afectan a su rubro sino que aquellos que afectan a las personas.

Gracias a dicho trabajo, es posible tener elementos de comparación para cotejar la evolución de los hechos de violencia en el territorio que abarca a parte de la Región del Biobío y a la Araucanía en su conjunto.

Por eso, su último reporte aportó datos concretos sobre la implementación de los últimos 15 días del estado de excepción en la Macrozona sur. Y sus resultados no pueden ser más elocuentes: los ataques y atentados incendiarios tuvieron un descenso de un 88% en el referido periodo.

De acuerdo a las cifras del gremio forestal, entre el periodo comprendido entre el 14 de abril al 14 de mayo (30 días) y cuando aún no se implementaba el Estado de Excepción, hubo 16 ataques, situación que disminuyó a sólo dos desde con la implementación de la medida (entre el 17 de mayo al 2 de junio días).

En relación a los contratistas afectados, disminuyeron también los trabajadores comprometidos de 2.600 a sólo 200. Misma relación hubo respecto a los equipos destruidos, pasado de 76 a sólo seis, mientras que las comunas involucradas en hechos de violencia también disminuyeron de 13 hasta antes del Estado de Excepción, a sólo dos en los últimos 15 días.

El estado de excepción, tal cual como su nombre lo indica, se aplica en situaciones muy particulares, particularmente cuando está en riesgo la seguridad e integridad de las personas, así como su libre circulación. Ciertamente que no resuelve la causa que origina dicho estado excepcional pero contribuye a resguardar a aquellos ciudadanos que pudieran ser afectados.

Se trata de uno de los instrumentos que dispone el Estado de derecho para enfrentar situaciones de esa naturaleza. No aplicarla en un territorio donde parecía que la violencia está cada vez más desbordada, más aún con el asesinato de un trabajador mapuche, no parecía sensato.

Sin embargo, la implacable fuerza de los hechos fue la razón para que el gobierno del Presidente Gabriel Boric debiera poner en marcha esta medida, pese a que al inicio de su mandato la dejó sin efecto. En un ejercicio de necesario pragmatismo, el Ejecutivo comprendió que no basta el solo gesto de voluntad para llegar a los acuerdos y diálogos que comiencen a destrabar un conflicto de histórica raigambre.

Desde esa perspectiva, la propia ministra de Interior, Izkia Siches, ha recalcado que aplicar el estado de excepción no es el único camino ya que, en paralelo, se echó a andar un programa llamado Buen Vivir que considera la acción del Estado en diversas áreas deficitarias en la zona afectada, que contempla una importante inyección de recursos.

Al cabo, los datos han demostrado que la medida es necesaria. El tiempo deberá demostrar también que la acción gubernamental en curso es el camino indicado para comenzar a saldar la deuda pendiente con los pueblos originarios.


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