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Editorial

Experiencia


 Por Juvenal Rivera

Las experiencias son la base de todo aprendizaje. A veces, eso sí, tienen que suceder episodios tremendamente difíciles y dolorosos para sacar las lecciones que permiten que aquella circunstancia no se vuelva a repetir.

Los hechos ocurridos aquel 27 de febrero de 2010 fueron extremadamente dolorosos para cientos de familias, especialmente de las zonas costeras, por la pérdida de sus seres queridos y la destrucción de sus viviendas y emprendimientos.

El terremoto y posterior tsunami que se percibió en varias regiones del país no solo trajo ese inmenso dolor e incertidumbre, sino que también dejaron al descubierto una larga lista de debilidades, falles y falencias en los organismos públicos encargados de enfrentar las situaciones de emergencia.

De poco sirvió a la historia sísmica que acompaña a nuestro país desde siempre para que se pudiera enfrentar una situación de esa naturaleza.

Justamente la experiencia sirvió para que después de un acucioso estudio, en 2017 se echó a andar el denominado Plan Nacional de Emergencia, que fue catalogado como un instrumento de carácter indicativo y general, que establece las acciones de respuesta, ante situaciones de emergencia, desastre y catástrofe, roles, funciones, capacidades y competencias de los organismos del Sistema Nacional de Protección Civil.

La idea fue de contar con un instrumento de nivel nacional que estableciera las acciones de respuesta ante situaciones de emergencia, desastres y catástrofes, basadas en el marco legal vigente, los roles, funciones, capacidades y competencias de organismos que forman parte de dicho sistema de protección civil.

Está integrado por un conjunto de entidades públicas y privadas con competencias relacionadas al ciclo del riesgo de desastres y a los cuerpos normativos de éste. Sus integrantes se organizan desconcentrada y descentralizadamente, y de manera escalonada desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional.

Asimismo, contempla una estructura de coordinación conformada por los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres en los distintos niveles de la estructura del Estado, los cuales se convocan para dos instancias, para las fases de Mitigación y Preparación para el desarrollo de capacidades y; para las fases de respuesta recuperación para el empleo de capacidades en apoyo a la afectación.  Sus integrantes se incrementaron en cinco ministerios, Bomberos y la Policía de Investigaciones (PDI). En el nivel regional, se incorpora el respectivo gobernador.

Justamente ese trabajo multisectorial fue fundamental para el manejo de la emergencia del fin de semana por la violenta erupción de un volcán submarino en las cercanías de la Isla de Tonga, en Océano Pacífico. En un par de horas, las playas de buena parte del territorio nacional fueron desocupadas con el fin de evitar cualquier riesgo por el tren de olas derivado del tsunami.

Fue el ejemplo más palpable en que una experiencia trágica como la del terremoto de 2010 fue la enseñanza necesaria para que, en lo sucesivo, situaciones de emergencia se canalicen de tal forma que no deriven en situaciones de mayor gravedad.

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