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Editorial

El caso Rodrigo Rojas


 Por La Tribuna

Lo ocurrido con el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, que reconoció haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer, es extremadamente grave e, incluso, raya en lo doloso. Cualquier persona que use una enfermedad de semejante gravedad en su beneficio, ya sea para tener réditos políticos, económicos y/o académicos, merece el mayor de los reproches sin ningún tipo de ambages.

De acuerdo al reportaje publicado en el diario La Tercera, se puede colegir que su historia se inició hace algunos años con una enfermedad distinta que no ha precisado, pero que sería VIH, la cual evitó asumir por el reproche social presente incluso en pleno siglo XXI.

Lo que muy probablemente se inició como una manera de ocultar esta otra situación compleja de su salud, definitivamente se le fue de las manos. Porque durante varios años, Rodrigo Rojas habría lucrado sobre una mentira al hacer campañas de recolección de fondos para costear una patología que no tenía. Además, fue el rostro de los pacientes oncológicos durante las protestas ocurridas en el estallido social, lo que le otorgó visibilidad y notoriedad al punto de postularse y ser electo convencional constituyente con la tercera mayoría de los votos en su distrito electoral.

En buena medida, su historia (falsa) de esfuerzo y determinación para combatir a una enfermedad implacable permeó en los electores de su territorio, que le otorgaron la confianza del voto. Recién cuando fue confrontado por los periodistas del diario La Tercera con los antecedentes a la vista, Rojas admitió que había mentido. Más tarde lo haría a través de sus propias redes sociales.

El punto es especialmente sensible. Miles de familias viven el drama diario de un cáncer, enfermedad catastrófica que deben costear a punta de rifas y deudas, muchas veces, impagables. Aunque varios de los casos de cáncer más comunes son parte del programa GES (Garantías Explícitas de Salud), ciertamente que es un asunto que el Estado aún está demasiado lejos de resolver en toda su dimensión. Porque no se trata solo de un tema económico: es el impacto emocional que repercute en el enfermo y en su entorno familiar.

Ciertamente que lo ocurrido con Rojas afectará la credibilidad de la Convención Constitucional. La instancia ha estado sometida a una campaña de desprestigio de parte de quienes fueron los promotores de la opción contraria a esa instancia y este tipo de episodios, indudablemente que van en la misma dirección.

Sin embargo, no se debe perder de vista que lo ocurrido es un caso puntual. Uno entre los 155 integrantes del órgano que está trabajando en la redacción de la propuesta de Carta Magna.

Hasta ahora, y pese a sus bemoles, la instancia ha hecho un buen trabajo respecto de lo que debe ser su labor y ya a fines de este mes debiera estar comenzando la elaboración del articulado propiamente tal. En junio de 2022 debieran tener la propuesta de Constitución para someterla a la consideración de la ciudadanía.

La Convención Constitucional ahora deberá decidir qué hacer en el caso de Rodrigo Rojas, más aún cuando nadie previó la posibilidad de que renunciara uno de sus integrantes. Por lo mismo, debiera actuar conforme a los mismos principios que llevaron a la formación de la misma: una ciudadanía hastiada del abuso.

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