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Editorial

La puerta giratoria, la realidad de Chile

Los abogados o expertos en materia jurídica, sin lugar a dudas entienden de mejor manera cada concepto que sostiene la Ley, pero en la gran masa de la población, sólo queda la sensación de que la justicia no funciona, que no es justa y que los delincuentes tienen más privilegios que las víctimas. Sin duda alguna, hay que revisar el sistema. Las cosas no están funcionando y la sociedad es la única perjudicada.


 Por La Tribuna

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Las declaraciones del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy durante esta semana y que han generado un gran debate entre los expertos y la comunidad en general, no han dejado indiferente a nadie.

La autoridad planteó que no es razonable para el país que se detengan más de 250 personas al día y que de ellas, 235 queden libres.

Sus palabras no hacen otra cosa que reafirmar el fracaso de la Reforma Procesal Penal, aquella que pretendía sentar las bases de la justicia, pero que ha sobrepasado los límites de lo comprensible. Algo está mal y hay que asumirlo.

La comunidad se siente insegura o así al menos lo reflejan las encuestas. El 58% de la población menciona que la delincuencia es la gran preocupación de los chilenos y que debe enfrentarse como prioridad por parte de las autoridades. Los dichos de la autoridad gubernamental, vienen a responder la pregunta acerca de si la delincuencia era un problema de percepción o si el diseño y aplicación de los procesos judiciales están fallando.

Claramente nuestro país necesita más mano dura, aunque sea impopular mencionar una palabra como esta, porque inmediatamente los más acérrimos a los derechos humanos se exaltan recordando hechos pretéritos. No se trata de eso, lo que se busca es castigar a quienes atentan contra la tranquilidad de la sociedad.

Aquí el tema es simple, se requiere que la justicia actúe de forma diligente, pero lo que más se cuestiona es la tarea del Ministerio Público y los jueces, ya que las policías hacen su trabajo y la sociedad es consiente de aquello, pero qué ocurre con las investigaciones: muchas quedan en nada y, ante el fracaso, la gente se cansa de denunciar.

Una de las cifras que ha entregado la Comisión Interamericana de Derechos humanos, es que nuestro país tiene los porcentajes más bajos de personas en prisión preventiva en toda América Latina y esto, según el Ministerio Público es porque esta medida está enfocada a los delitos de mayor gravedad.

Los jueces plantean fuera de micrófono que hay un problema en el financiamiento y realización de las investigaciones, las cuales no darían abasto con el personal y los recursos existentes y defienden la reforma procesal. A diferencia de lo que cree la comunidad y lo que plantea esta editorial.

Los abogados o expertos en materia jurídica, sin lugar a dudas entienden de mejor manera cada concepto que sostiene la Ley, pero en la gran masa de la población, sólo queda la sensación de que la justicia no funciona, que no es justa y que los delincuentes tienen más privilegios que las víctimas.

Sin duda alguna, hay que revisar el sistema. Las cosas no están funcionando y la sociedad es la única perjudicada.

 

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