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Según informó la institución, más de 18.700 deudores ya han suscrito convenios de pago a través de la plataforma digital de la TGR o mediante atención presencial en oficinas regionales, aprovechando mecanismos que consideran la situación económica de cada contribuyente.
La estrategia apunta a reducir las barreras de acceso para quienes mantienen deudas impagas del CAE, incorporando criterios de proporcionalidad en las cuotas y eliminando exigencias que históricamente dificultaban la regularización.
Entre las principales modificaciones destaca que las cuotas mensuales no podrán superar el 10% de los ingresos de la persona deudora, lo que busca evitar que los pagos comprometan significativamente su presupuesto familiar.
Además, se eliminó la exigencia de pagar de manera inmediata el equivalente al 10% del total adeudado como pie inicial. En su lugar, se establecieron montos máximos diferenciados según el nivel de ingresos.
De acuerdo con la TGR:
La institución sostiene que estas medidas buscan facilitar acuerdos sostenibles en el tiempo y aumentar la tasa de cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Pese al énfasis en la regularización voluntaria, la Tesorería advirtió que mantiene acciones de cobranza contra quienes no respondan a las notificaciones ni manifiesten intención de pago.
La entidad confirmó que ya se han ejecutado embargos de bienes raíces en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, procedimientos que forman parte de la etapa judicial de recuperación de recursos.
Según la TGR, existen casos de deudores con capacidad económica acreditada, incluyendo propiedades e inversiones, que no han realizado gestiones para regularizar su situación.
En estos escenarios, el proceso puede avanzar hasta el remate judicial de los inmuebles embargados si la deuda continúa impaga.
Las personas que mantienen obligaciones asociadas al Crédito con Aval del Estado pueden revisar su situación financiera, conocer el estado de su deuda y simular convenios de pago a través de la plataforma de la Tesorería General de la República o directamente en cualquiera de sus oficinas regionales.
Desde la institución reiteraron que la regularización temprana permite acceder a condiciones más favorables y evitar medidas judiciales que podrían afectar el patrimonio de los contribuyentes.
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