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El Servicio de Impuestos Internos (SII) cuenta ahora con nuevas herramientas para fiscalizar movimientos bancarios, tras la reciente publicación de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, popularmente conocida como la "ley de las 50 transferencias". Esta normativa, vigente desde fines de octubre, apunta directamente a reducir la evasión de impuestos, controlar el comercio informal y enfrentar el crimen organizado en Chile.
Según establece la ley, si una persona recibe más de 50 depósitos bancarios de diferentes RUT en un mismo mes, o suma 100 en seis meses, el banco debe informar de manera obligatoria al SII. Este mecanismo busca identificar patrones sospechosos en los movimientos de dinero y evitar la elusión de obligaciones tributarias mediante cuentas personales.
El monitoreo es específico: las transferencias y depósitos reportados solo cuentan si provienen de distintos RUT, es decir, diferentes personas o entidades que transfieren a una sola cuenta. Si bien la norma es estricta, existen excepciones claras para no perjudicar actividades comunitarias ni solidarias.
Estos movimientos no serán objeto de fiscalización aunque sobrepasen el límite de transferencias mensuales o semestrales.
Quienes sospechan que han excedido el umbral de depósitos y pueden haber sido reportados por el banco pueden verificar esta situación directamente en línea. El SII ha habilitado un sistema donde cualquier persona puede revisar si hay información reportada sobre sus depósitos y transferencias.
Con estos pasos, los usuarios pueden saber de inmediato si su banco notificó movimientos al SII por haber superado el límite de depósitos autorizado por la ley.
La denominada "ley de las 50 transferencias" responde a una preocupación creciente por el uso de cuentas bancarias para actividades económicas informales y la dificultad de controlar ingresos no declarados ante la autoridad tributaria. El monitoreo automático desde los bancos permite al SII detectar posibles irregularidades en tiempo real y así focalizar sus acciones fiscalizadoras en personas o entidades con movimientos inusuales.
Aunque la ley se dirige principalmente a quienes utilizan cuentas personales para recibir pagos de múltiples personas —como ocurre en negocios informales o plataformas digitales— la norma aclara que jamás se fiscalizarán movimientos que correspondan explícitamente a la vida comunitaria, educativa o social. De este modo, familias, juntas de vecinos, recaudaciones escolares y otras actividades solidarias continúan fuera del foco tributario.
Con la entrada en vigor de este sistema, quienes manejan cuentas bancarias deben estar atentos a los nuevos requisitos y revisar con frecuencia sus movimientos, especialmente si actúan como tesoreros o administradores de fondos compartidos.
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