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El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha decretado la obligatoriedad de entregar una representación impresa de las boletas electrónicas y comprobantes de pago en cada transacción comercial.
La medida, que busca combatir la elusión fiscal y asegurar que los impuestos lleguen al Estado, podría dejar fuera de circulación a más de 600 mil máquinas de pago (POS) que no cuentan con sistema de impresión.
El anuncio del SII, que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo, establece que todos los comercios deberán entregar un comprobante físico a sus clientes. Aunque el envío de boletas electrónicas a través de medios digitales seguirá siendo válido, esto solo será un complemento y no reemplazará la obligatoriedad de la impresión para quienes posean dispositivos compatibles.
Consultado al respecto, el empresario Gabriel Massuh, quien recientemente logró un fallo favorable ante el SII, señaló que esto puede afectar a los pequeños comercios. Muchas pequeñas y medianas empresas dependen de dispositivos más económicos, como las mPOS (Mobile POS), que operan sin papel y transmiten la información de forma digital.
La exigencia de impresión obligaría a estos comercios a renovar sus equipos, lo que supone un costo adicional tanto en la compra de nuevas máquinas como en la adquisición de insumos, como rollos de papel.
La resolución ha generado inquietud entre los actores del ecosistema de pagos. Actualmente, una parte importante de los comercios utiliza dispositivos de pago que no emiten comprobantes físicos, como los lectores de tarjetas conectados a celulares o los sistemas de pago mediante códigos QR.
Para los pequeños negocios y emprendedores, esta medida representa un desafío financiero y logístico. La necesidad de cambiar sus dispositivos podría traducirse en un aumento en los costos operativos y una barrera de entrada para nuevos comercios que optaban por soluciones digitales más accesibles.
Por su parte, el SII justifica la decisión señalando que busca garantizar que cada compra tenga un respaldo físico y que los impuestos correspondientes sean correctamente registrados y recaudados. Sin embargo, el impacto sobre miles de negocios podría generar un debate sobre la viabilidad y adaptación de esta normativa en el ecosistema de pagos actual.
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